Asentamientos en Ibiza: otro desalojo para las familias de Can Rova que han acampado en un terreno cercano
Los desalojados siguen denunciando "maltrato institucional" del Ayuntamiento de Santa Eulària
Desalojados de Can Rova / Ana Loaiza
Ibiza
Tres semanas después del desalojo del asentamiento ilegal de Can Rova, un grupo de 12 familias que se han instalado en un terreno privado cercano, donde han colocado alguna caravana, se enfrentan a otra demanda judicial. El propietario de esa parcela ha recurrido también a los tribunales para forzar su salida.
Mientras tanto, la portavoz de los afectados, Ana Loaiza, dice que siguen sufriendo el "maltrato" del Ayuntamiento de Santa Eulària y que a diario se viven situaciones dramáticas como el aborto que sufrió ayer una mujer que pernocta en una carpa enfrente de la finca.
Loaiza señala que en las últimas horas agentes de la Guardia Civil han notificado las familias instaladas en un terreno cercano privado que deben abandonar esa zona porque así lo ha requerido el propietario de la finca "se tendrán que enfrentar a una segunda demanda judicial que no sabemos el tiempo que puede durar".
También las personas que se concentran desde hace tres semanas frente la finca de Can Rova, que pernoctan en algunos casos han sido advertidas por las Fuerzas de Seguridad de que deben abandonar esa zona o serán multados con 700 euros "por dormir en la calle cuando hay personas que duermen cada día en bancos en Vara de Rey o en el Puerto y no les dicen nada"
La portavoz de los afectados asegura dice que la respuesta institucional siguen dejando mucho que desear. Ahora desde el Consistorio de la Villa del Río se les ha pedido que aporten más documentación a la instancia que presentaron hace una semana para que los servicios sociales municipales analizaran caso por caso la situación de las personas desalojadas. "Nos dicen ahora que falta el DNI o el pasaporte, cuando han pasado siete días, no vemos que el Ayuntamiento esté moviendo sus hilos para ayudarnos".
Loaiza insiste en que solo piden que se les proporcionen recursos básicos y lo que hacen las administraciones es tratarles de "chabolistas o de okupas".
