El Ayuntamiento de Santa Eulària ha recibido 32 solicitudes de ayuda de personas desalojadas de can Rova
El PSOE critica que el gobierno local desconozca cuantos menores vivían en la finca
La alcaldesa de Santa Euiària, en el desalojo de Can Rova / Ayuntamiento Santa Eulària
Ibiza
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha informado este martes que “únicamente” ha recibido 32 instancias de personas que “aseguran ser exocupantes del camping ilegal" de Can Rova y que han solicitado recibir "algún tipo de apoyo por parte de Servicios Sociales”. El Consistorio ha celebrado la segunda sesión de la Comisión Informativa para informar a la oposición de las actuaciones llevadas a cabo con los afectados por el desalojo del asentamiento. En un comunicado, ha explicado que en esta comisión los técnicos han destacado que el operativo ha seguido en todo momento lo establecido por el Plan de Prestaciones Básicas y que con estas 32 personas solicitantes de ayuda se sigue el procedimiento marcado para estos casos. En esta línea, han detallado que en cada caso se estudia la solicitud presentada, se les requiere que aporten documentación que “acredite su situación” y se cita para una valoración. A partir de ahí, se mantiene el protocolo para conocer y contrastar la situación de los requirentes, “valorar si existe una necesidad real de cobertura” por parte de los Servicios Sociales y, en caso de ser así, ofrecer los recursos personales y sociales que se consideran “adecuados”, siempre según criterios técnicos. El consistorio ha indicado a que aún no se ha determinado cuántos de estos 32 solicitantes pueden recibir las ayudas ya que se encuentran en diferentes procesos de valoración. En la comisión también se ha recordado que se habilitó un refugio temporal en el gimnasio del colegio s’Olivera, en es Puig d’en Valls, ante las previsiones de fuertes lluvias los días 14 y 15 de agosto, pero que no tuvieron usuarios. Asimismo, se ha indicado que se siguen dando los pasos para concluir los expedientes abiertos contra la propiedad de la parcela de Can Rova por las infracciones cometidas.
Críticas del PSOE
Por su parte, el grupo Socialista dice que la alcaldesa Carmen Ferrer, desconoce cuántos menores de edad vivían en el campamento de Can Rova, lo que demuestra la "nefasta de actuación del ayuntamiento".
Según el PSOE, el PP ha reconocido que no sabe cuántos menores llegaron a estar viviendo en condiciones pésimas, a pesar de que el campamento llevaba años habitado. Ante la gravedad de los hechos ocurridos y la falta de explicaciones públicas del PP, el PSOE ha insistido en reclamar la celebración de un pleno extraordinario para que el equipo de gobierno responda ante el conjunto de la ciudadanía y de los propios afectados.
Además, y teniendo en cuenta que muchas familias se han instalado en un nuevo asentamiento justo al lado, lo que ya se llama Can Rova 2, sigue siendo urgente adoptar medidas inmediatas para mitigar el impacto social de esta crisis. Ignorar esta urgencia equivale a desatender a las necesidades más básicas de un sector en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad.
Por todo ello, en el próximo pleno ordinario, el grupo municipal Socialista presentará una moción para pedir “crear una Comisión de Seguimiento Permanente, encargada de evaluar de forma continua las medidas adoptadas para la reubicación de las familias afectadas y garantizar que se cumplan con los derechos básicos de estas personas; convocar una Mesa de Diálogo que incluya a representantes de las familias afectadas, técnicos municipales y organizaciones sociales para garantizar una gestión participativa y consensuada de la situación; y establecer un Plan de Emergencia Social que contemple recursos municipales y coordinación con otras administraciones para proporcionar soluciones habitacionales adecuadas y permanentes para los afectados de Can Rova”.
Los progresistas reiteran que a gestión del problema por parte del Ayuntamiento ha sido "nadecuada e insuficiente", permitiendo que el asentamiento creciera sin control hasta alcanzar el millar de personas, a pesar de ser de conocimiento municipal. Aunque se sabía con antelación la fecha del desahucio, no se diseñaron estrategias ni medidas adecuadas para atender a las personas desalojadas, entre ellas muchos menores y personas vulnerables como mujeres embarazadas, como tampoco se están tomando, dicen con Can Rova 2,
