El PP rechaza ahora el 'pin parental' que incluyó en su acuerdo de investidura con Vox

Palma

Esta vez sí el PP se ha desmarcado de Vox y, por primera vez desde que la ultraderecha rompiera el pacto, los populares de Marga Prohens han tumbado un punto que estaba en el acuerdo entre los dos partidos pero que el PP no llevaba en su programa. Hablamos del 'pin parental', ese mecanismo mediante el que los ultras pretendían fiscalizar el trabajo de los docentes obligando a los centros a informar con antelación de aquellas actividades de contenido religioso, moral, social, cívico o sexual en horario escolar y a pedir el consentimiento de los padres por escrito. Además reclamaban que se conociera el currículum de quien vaya a dirigir esas actividades.

El PP hace algo más de un año que dijo que sí a cambio del apoyo de Vox para la investidura de Prohens. Ahora, con el pacto roto, dice que no.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha sido la primera en subirse al atril a defender su PNL, que ha justificado como parte del "compromiso" de su partido "con la libertad, el respeto, la dignidad y la protección de derechos fundamentales de las familias", como "es el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos en base a sus convicciones religiosas, filosóficas y morales", frente a "actividades promovidas, desde la irrupción de la LOMLOE, por administraciones y centros, que atentan contra el derecho de los padres a elegir sobre la educación de sus hijos".

"Es hora de poner a las familias en el centro de la educación y respetar sus decisiones", ha destacado Cañadas, quien por este motivo ha solicitado instar al Govern a tener que establecer para todos los centros que "informen de antemano de cualquier actividad que sea controvertida y pidan el consentimiento por escrito a los padres", el conocido como 'Pin Parental', en un ejercicio, en su opinión, de "transparencia" para que las familias "tomen decisiones informadas".

Acto seguido, ha intervenido en el Parlament la diputada del PP Anabel Curtó, quien ha señalado que su formación ha presentado una enmienda de modificación a la PNL de Vox para que quedara garantizado lo que realmente dice la Constitución Española que es que los organismos públicos "garantizarán que los hijos puedan recibir la educación religiosa y moral que sus padres elijan".

Dicho esto, Curtó ha defendido, en nombre de los 'populares', que "las actividades curriculares nunca han de ser previamente autorizadas por las familias, debido a que forman parte del desarrollo obligatorio que el alumno ha de cumplir", en contraposición a la extracurriculares que, según ha precisado, "si lo requieren". Por este motivo, unas actividades y otras "no se pueden tratar igual de manera", ha hecho hincapié la diputada.

Las palabras de la diputada del PP han sido agradecidas por la socialista Amanda Fernández, quien ha recordado a Vox que "todo el mundo tiene derecho a la educación y que la escuela trabaja en valores y en derechos, para garantizar la igualdad de oportunidades"; y, por tanto, "la educación afectivo sexual es un tema curricular, de obligado cumplimiento, que no requiere de autorización previa", dando la socialista en todo caso por descontado que "las familias han de estar informadas de los progresos de sus hijos".

MÉS por su parte ha criticado que Vox "ponga en cuestión la profesionalidad de los docentes" e intente "fiscalizar el trabajo" que éstos hacen, más todavía cuando "la educación se basa en criterios científicos y pedagógicos". "No es una actividad a la carta", ha subrayado la diputada ecosoberanista Maria Ramon, considerando que "las preocupaciones sociales se han de tratar" en los centros, como parte de una "formación integral para todos".

Finalmente, la diputada de Més per Menorca-Grupo Mixto Joana Gomila, ha celebrado el, según sus palabras, "cambio de postura" del PP respecto al conocido como Pin Parental, más aún cuando, en su opinión, "aceptar las obsesiones de Vox seria menospreciar la actividad docente", cuyos profesionales "educan también en valores".

"No pueden pretender borrar actividades de los currículos y menos que sean los padres quienes decidan si sus hijos reciben, o no, esta educación que, si bien, se han de dar en las aulas por profesionales entendidos en las materias", ha concluido la diputada menorquinista.