Santa Eulària quiere aumentar su recaudación en un millón de euros al año cediendo la ejecución de embargos al Consell Insular

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària tiene previsto aprobar este jueves en pleno la firma de un convenio con el Consell ,para que la institución insular pueda ejecutar embargos en cualquier lugar de la isla en nombre del Consistorio.

Desde el gobierno local explican que se trata de una propuesta pionera en las islas que permitirá evitar las dificultades administrativas que impone la legislación a los ayuntamientos para poder ejecutar órdenes de apremio fuera de su territorio y que puede dilatar en varios años -con el riesgo de que prescriban las sanciones- la posibilidad del cobro cuando los bienes de las personas o sociedades sancionadas están radicados en otros municipios de la isla. Esta fórmula de colaboración mediante una encomienda de gestión, sin que dicha encomienda de gestión suponga una cesión ni delegación de sus competencias en materia de recaudación, podría incrementar los ingresos en torno a un millón de euros por ejercicio, según las primeras estimaciones.

Con este acuerdo que se propone explican que el Consell asume, dentro de las competencias propias que se le reconocen y en el ámbito territorial de la isla de Eivissa, la prestación de asistencia técnica al Ayuntamiento, llevando a cabo la ejecución material de los embargos cuya ejecución exceda del término municipal de Santa Eulària, o dentro del mismo término cuando se lleven a cabo a través de procedimientos masivos de embargo y que previamente haya dictado la recaudación municipal en ejercicio de sus competencias. Según una estimación conservadora, esto permitiría agilizar los cobros mediante embargo, de manera que aumentase la recaudación del Ayuntamiento en más de 1 millón de euros.

Se trata de un convenio previsto en la legislación vigente y pionero Balears, que permite al Ayuntamiento de Santa Eulària -a través de la cooperación y la colaboración con el Consell- mejorar el ejercicio de sus competencias manteniendo su autonomía financiera, optimizando la eficacia recaudatoria de sus recursos tributarios y restantes ingresos de Derecho Público, tales como prestaciones