Las entidades sociales de Mallorca alertan: trabajadores con empleo estable no logran acceder a una vivienda digna
Càritas, Sojorn y la Fundación La Sapiència atienden a más de 800 personas afectadas por la crisis residencial mientras piden medidas urgentes para frenar los precios desorbitados del alquiler
Palma
Las entidades sociales de Mallorca advierten que están teniendo que atender a personas con un trabajo estable y que no pueden llegar a final de mes por los altos precios de la vivienda en la Isla. Càritas, el espacio de acogida Sojorn y la Fundación La Sapiència prestaron sus servicios a un total de 815 personas durante el pasado año. Además, reconocen que acumulan listas de espera de usuarios que no pueden atender por la dificultad de poder encontrar una habitación o un piso asequible.
Los perfiles han cambiado. El director de la Fundación La Sapiència, Toni Moyà, asegura que son personas que a pesar de tener un sueldo y un trabajo fijo no pueden acceder a una vivienda digna o tienen problemas económicos.
También atienden a personas solas, mayores de 65 años, que no pueden asumir el precio de un alquiler y que esperan una plaza en una residencia, o personas inmigrantes que están en situación irregular.
Muchas son familias de cuatro o cinco miembros que tienen dificultades para poder pagar una renta. En el centro de acogida, Sojorn, su responsable, Jaume Alemany, reconoce que trabajan para que puedan salir adelante. Les ofrecen una habitación por la que pagan una cantidad simbólica (entre 50 o hasta 150 euros al mes), que les permite ahorrar durante varios meses y poder pagar la entrada de un alquiler.
Cree Alemany que hacen falta acciones urgentes por parte de la administración pública para solucionar el problema de la vivienda.
Propone medidas inmediatas: un tope en los precios de los alquileres o habitaciones temporales mientras se construyen viviendas sociales.
Desde Càritas, Teresa Riera, lamenta que la crisis residencial en Mallorca irá a peor si no se toman medidas, que deje de especularse con la vivienda y se considere un derecho para la ciudadanía.
Las entidades lamentan que todas estas acciones que realizan no dejan de ser parches a la sociedad y que los políticos deben actuar con medidas valientes.
En ese sentido, desde la Fundación La Sapiència avanzan que abrirán a finales de noviembre en Binissalem un centro para familias con cinco apartamentos, un comedor y una cocina. Está previsto que puedan residir hasta una treintena de personas. Todavía no han terminado las obras y ya hay una alta demanda de los servicios sociales para atender a usuarios.