La ley de simplificación sale adelante sin acuerdo sobre la legalización en zonas de riesgo
Costa anuncia un decreto para introducir los cambios en la ley relacionados con las zonas de riesgo
Marga Prohens en el Parlament balear, en una imagen de archivo / CAIB
Ibiza
El pleno del Parlament ha aprobado este martes, con los votos a favor de PP y Vox, la ley de simplificación administrativa, sin haber alcanzado un acuerdo en relación con la legalización de viviendas o la construcción en zonas inundables.
De este modo, el texto que ha validado la Cámara es el original, que no incluye la prohibición de construir nuevas viviendas en zonas de riesgo y permite la legalización de todas las viviendas fuera de ordenación, estén o no en zona inundable.
El debate de la ley ha estado marcado por acusaciones cruzadas entre la oposición y el Govern por no alcanzar un acuerdo en este sentido. Así, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado que el Govern ha hecho "grandes esfuerzos y muchas cesiones" pero que el PSIB y, en concreto, su portavoz, Iago Negueruela "han bloqueado el intento de cualquier acuerdo".
Las propuesta del Ejecutivo era prohibir la construcción de viviendas y equipamientos sensibles en zonas de riesgo, prohibir nuevos suelos urbanizables en zonas de riesgo y eliminar la posibilidad de legalizar viviendas fuera de ordenación en zona de inundable, pero que puedan hacer obras y reformas de seguridad.
Al no haber llegado a un acuerdo, el conseller ha anunciado que una vez se publique la ley de simplificación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), el Govern aprobará un decreto ley para introducir estos cambios que "garantizarán la seguridad de los ciudadanos".
No obstante, la diputada socialista Mercedes Garrido ha asegurado que "si alguien tiene la responsabilidad de que no haya acuerdo es el PP y Costa" porque "ha pretendido romper la unidad de acción de la izquierda y no lo ha conseguido".
La propuesta del Govern, según Garrido, "es lo mismo pero con otro nombre", en concreto, "no es legalización, son obras de seguridad que consolidarán las viviendas". Además, ha lamentado que el Govern "solo piensa en zonas inundables", mientras que la oposición apuesta por prohibir nuevas construcciones y legalizaciones en cualquier zona de riesgo.
En esta misma línea se ha pronunciado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha explicado que los grupos de la izquierda no han aceptado las transacciones porque no extiende la exclusión de construir y legalizar en todas las áreas de riesgo y porque "aunque eliminan la palabra legalización, cuelan la amnistía igualmente".
"Si hoy se aprueba una ley que permite edificar en zonas inundables será porque el PP lo puso en un decreto y ahora no ha tenido la valentía de cambiarlo", ha zanjado.
Votos particulares
Los votos particulares del PP para salvar los artículos 24, 25 y 27 que fueron rechazados en comisión han salido adelante con 28 votos a favor, 24 en contra y seis abstenciones.
En concreto, estos tres artículos proponían modificaciones en las leyes de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, de cambio climático y de proyectos industriales estratégicos.
La diputada 'popular' Margalida Pocoví ha defendido que las modificaciones introducen medidas de simplificación y agilización para "facilitar el avance hacia la transición energética".
Igualmente, ha criticado a la oposición por su "postura contradictoria", señalando que "se presentan como gran defensores de la implantación de energías renovables pero se oponen a implementar medidas que faciliten la transición energética".
Por su parte, los diputados del PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca Marc Pons, Maria Ramon y Josep Castells, respectivamente, han justificado su rechazo a estos tres artículos porque suponen "retrocesos" en materia de cambio climático.
"No entiendo como con todo lo que ha pasado todavía favorezcan la contaminación e incrementen los efectos del cambio climático", ha dicho Marc Pons, criticando que aprobar estos votos con el apoyo de diputados "tránsfugas" es también "un retroceso en memoria democrática".
Otras medidas del Decreto
Entre otras cuestiones que incluye la ley, la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, ha criticado que se permita que los policías locales puedan llevar armas de fuego, una medida que, a su parecer, "vulneran la competencia y el criterio de los alcaldes".
De su lado, la diputada de Vox Patricia de las Heras ha lamentado que no se hayan aceptado las enmiendas de su formación relativas a vivienda.
Por otra parte, ha defendido una enmienda de Vox aprobada para que las infracciones en suelo rústico prescriban a los ocho años. "El delito de asesinato prescribe a los 20 años. Sin embargo, hacerte una vivienda en una parcela de tu propiedad no prescribe nunca", ha señalado, considerando que la figura de la prescripción "opera para dar seguridad jurídica".
El diputado no adscrito Xisco Cardona ha defendido su enmienda, que ha salido adelante, que plantea poder flexibilizar o exonerar el cumplimiento del artículo 63.2 de la Ley de Cambio Climático, que obliga a comprar un tanto por ciento de coches eléctricos cuando cambian la flota, tanto las empresas de alquiler de coches, como el resto de empresas que tienen un parque móvil. A su parecer, este artículo es "muy difícil de cumplir para las pymes".
