Detenidas cinco personas por explotación laboral, falsedad y favorecimiento de inmigración ilegal en Mallorca
Cae la empresa con mayor número de trabajadores irregulares detectada en la historia en Baleares
Policía nacional / picture alliance
Policía Nacional ha desarticulado a una organización criminal dedicada a explotación de trabajadores en situación irregular con la detención de cinco personas como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.
En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el Grupo I de Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) de la Jefatura Superior de Baleares ha llevado a cabo la fase operativa de una investigación iniciada el pasado mes de julio, desarticulando una organización criminal dedicada a la explotación de trabajadores en situación irregular a través de una empresa.
La empresa contaba con más de 100 trabajadores simultáneamente, llegando a contar con más de 185 trabajadores a lo largo de los más de dos años de existencia, siendo la empresa con mayor número de trabajadores irregulares detectada en la historia en Baleares.
La investigación ha permitido la detención de un total de cinco personas miembros de la organización criminal y la detección de más de 185 víctimas de explotación laboral.
Además, se han obtenido indicios de un posible delito de blanqueo de capitales por parte del líder de la organización y en el caso de otros dos miembros de ésta, a los que se les acusa como presuntos autores de un delito de intrusismo profesional, ya que se hacían pasar por fisioterapeutas, realizando sesiones de rehabilitación a personas de edad avanzada sin tener la correspondiente titulación formativa, con el riesgo grave para la salud de estas personas.
EMPRESA FICTICIA
La organización criminal había creado una empresa ficticia que habían dotado de una imagen de legitimidad con todo tipo de folletos y publicidad de la empresa, con tablas de servicios y costes. Hasta tal punto habían conseguido dar una impresión de legitimidad que eran recomendados por trabajadores sociales de ayuntamientos y hospitales públicos de la isla, consiguiendo engañar a los funcionarios de dichos organismos públicos.
Haciendo uso de la empresa ficticia ofertaban servicios de cuidado a personas dependientes, empleadas del hogar o servicios de limpieza. Los trabajos eran desempeñados por ciudadanos extranjeros en situación irregular, mayormente mujeres, que debido a su situación de vulnerabilidad se prestaban a desarrollar el trabajo en condiciones de explotación.
La gran mayoría eran contratadas como internas y trabajaban más de seis días a la semana, sin respetar los periodos de descanso, sin ningún tipo de cobertura sanitaria o seguro de accidentes, sin derecho a vacaciones y a cambio de un salario muy inferior en el caso de las internas, disponiendo únicamente de dos horas diarias consecutivas para descanso personal.
El principal encartado demostró tal desprecio hacia los derechos de las trabajadoras, según la Policía, que les tramitaba un seguro sanitario en una conocida aseguradora sanitaria, que les expedía su correspondiente tarjeta sanitaria, con lo que lograba engañar tanto a las trabajadoras como a los contratadores de los servicios, si bien, realmente no abonaba las cuotas y las trabajadoras no obtenían dichos servicios sanitarios. Se reseñó en una declaración que una de las trabajadoras-víctimas, tuvo un accidente laboral rompiéndose un hueso del pie y, al acudir a urgencias, el hospital le informó que dicho seguro médico no tenía ningún tipo de vigencia al no haber abonado las cuotas el propietario de la empresa.
La operación se ha desarrollado en dos fases, iniciándose con la detección de un delito de falsedad documental cuando una de las mujeres contratadas por la organización criminal presentó un certificado falso de alta de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la Oficina de extranjeros para la tramitación del Permiso de Residencia.
En una segunda fase, gracias a la investigación llevada a cabo, se logró identificar al principal responsable al frente de la organización, así como a una serie de personas controladas por éste que colaboraban en la trama criminal, reclutando y controlando a las trabajadoras y realizando la gestión administrativa de la empresa.
La extensa investigación desarrollada durante varios meses ha permitido intervenir gran cantidad de documentación reforzando las pruebas recabadas y constatando el 'modus operandi' de la organización criminal, así como poner de relieve los medios empleados por ésta, con contrataciones falsas, contratos laborales ficticios, los cuales han llegado incluso a ser utilizados para aperturas de cuentas bancarias y trámites administrativos por parte de las propias víctimas, quienes desconocían en muchos casos su carácter ilícito.
CUENTAS BANCARIAS EN 13 BANCOS DIFERENTES, ASÍ COMO EN EL EXTRANJERO
El principal encartado tenía a su nombre un total de 25 cuentas bancarias en 13 bancos distintos, utilizando además entidades de transferencia de divisas para el movimiento del dinero y pago de parte de sus empleados. Éste llegó a abrir cuentas bancarias con sede social en una capital europea, para eludir la acción de la justicia así como de la Agencia Tributaria en relación al pago de impuestos.
La organización utilizaba un locutorio de Palma para abrir dichas cuentas bancarias y obligaba prácticamente a la totalidad de las trabajadoras a que abrieran cuenta bancaria en las mismas, para no ser detectado por las autoridades.
El pasado día 20 de noviembre, se procedió a la realización de dos registros domiciliarios junto a la Autoridad Judicial, donde se procedió a la incautación de gran cantidad de documentación de la empresa ficticia, así como equipos informáticos y terminales móviles, los cuales están siendo investigados por la Policía Nacional.
A falta del análisis de la documentación recibida de las entidades bancarias, los servicios de transferencia de divisas y de los efectos intervenidos en los registros domiciliarios, los agentes han podido constatar que la organización estaría ingresando aproximadamente unos 200.000 euros mensuales, teniendo en cuenta que dicha organización estaría actuando desde hace aproximadamente dos años y medio, por lo que habría generado unos seis millones de euros.
El Grupo I de la Ucrif continúa con la investigación, no descartándose nuevas detenciones.
