La campaña "La justícia, també en català" reclama garantizar los derechos lingüísticos
Demanda la adaptación de los programas informáticos utilizados en la Administración de Justicia para asegurar que las dos lenguas oficiales
La campaña ''La justícia, també en català'', promovida por el TSJIB y el Govern balear entre otras instituciones, insta al Ministerio de Justicia a garantizar que los ciudadanos de las Islas Baleares puedan ejercer plenamente sus derechos lingüísticos en el ámbito judicial.
La principal demanda de esta campaña es la adaptación de los programas informáticos utilizados en la Administración de Justicia para asegurar que las dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano, puedan ser utilizadas de manera habitual en los juzgados y tribunales.
Las instituciones y entidades adheridas a esta campaña han firmado una carta dirigida al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios, en la que exponen que, a pesar de los derechos reconocidos y las voluntades manifestadas, los ciudadanos de las islas aún encuentran graves dificultades para hacer valer sus derechos lingüísticos en el ámbito judicial.
Entre los principales obstáculos señalados, destaca el hecho de que los programas informáticos actuales no incorporan modelos de documentos en catalán, lo que limita la posibilidad de que los profesionales del sector utilicen esta lengua de forma habitual en los procedimientos.
La campaña, iniciada en 2021, tiene como objetivo fomentar que las personas que así lo deseen puedan utilizar la lengua propia de las Islas Baleares en sus relaciones con los juzgados y tribunales.
Entre las entidades que forman parte de esta iniciativa se encuentran el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), el Govern, la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, los Colegios de Abogados, Procuradores, Graduados Sociales y Notarios, el Decanato de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, la Universitat de les Illes Balears y la Obra Cultural Balear (OCB).
En la carta se solicitan dos mejoras tecnológicas esenciales, que los documentos judiciales puedan elaborarse en formato bilingüe (catalán-castellano) y que se habilite un campo específico en los programas informáticos que permita a los ciudadanos elegir el idioma del procedimiento y las notificaciones. Esto también facilitaría obtener indicadores de uso lingüístico y monitorizar su evolución.
Además, los firmantes han solicitado una reunión con el secretario de Estado de Justicia para profundizar en estas cuestiones y buscar soluciones concretas que garanticen el respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Baleares en el ámbito de la justicia