Caso Amadiba: el exdefensor del Menor en Baleares dice que Ibiza estaba en una situación "crítica" en 2017 en el servicio de menores

Ibiza

El exdefensor del Menor en Baleares, Serafín Carballo, ha dicho este jueves que Ibiza estaba en una situación "crítica" en la atención a los menores en 2017 y que por eso exigió al gobierno del Consell de Ibiza soluciones "urgentes.

Carballo ha declarado como testigo en el caso Amadiba que instruye el juzgado número 3 de Ibiza. La causa se remonta a 2023 cuando el gobierno insular denunció las contrataciones que el gobierno progresista entre los años 2017 y 2019 hizo con la Asociación de Madres y Padres con Discapacidad de Baleares.

La exconsellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, está investigada en el caso. Hay que recordar que Amadiba también recurrió a los tribunales por la vía del Contencioso Administrativo para reclamar una deuda de más de dos millones de euros.

Carballo, que ha sido citado a petición de la defensa de Jurado, ha dicho que viajó a Ibiza en junio de 2017 y que se reunió con responsables de la Fiscalía, con el juez decano, el secretario del Consell y con responsables de la consellería de Bienestar Social.

A todos les expuso su preocupación por denuncias y quejas que le llegaban "sobre casos de agresiones y abusos y discriminaciones de menores en la isla".

Por una parte los que tenían un grado de discapacidad severa y que eran enviados a Mallorca, pero sobre todo por lo que estaba pasando en el centro Pare Morey donde convivían menores tutelados con otros con problemas de comportamiento y que según ha dicho "provocó casos muy graves de agresiones".

Por eso conminó a la entonces consellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, a tomar medidas urgentes porque se estaban vulnerando derechos y era necesario abrir otro centro para separar a los menores. Ha dicho que la misma petición hizo al entonces secretario del Consell, Antonio Riera.

Ha asegurado que encontró "disponibilidad" en Jurado para buscar fórmulas jurídicas, pero que no vio la misma sensibilidad por parte de Riera.

En su declaración ha recalcado que le constaba que la exconsellera trató de buscar procedimientos administrativos para adjudicar el servicio .

En cualquier caso en julio de 2018 envió un escrito a la Fiscalía señalando que el problema no se había solucionado y ha asegurado que lo hizo porque " aunque Jurado intentaba buscar soluciones se estaba encontrando con muchos impedimentos por parte del Secretario".

Carballo ha insistido una y otra vez en que instó a la consellera a buscar la fórmula que fuera necesaria para poner fin a la situación que se estaba dando,"porque en caso contrario estaría cometiendo un delito al no proteger a los menores".

De ahí la urgencia de contar con un centro al que se pudieran derivar los internos del centro Padre Morey con problemas de conducta por la situación de urgencia y necesidad y que no hubo trato de favor a Amadiba con la concesión del servicio.

Además de Carballo han declarado hoy dos funcionarias del Consell que han declarado que no pagaban las facturas de Amadiba porque no había un expediente que avalara el servicio que estaba dando la asociación. Han recalcado que si existían dichos expedientes, pero que fueron tumbados por problemas formales.

Hoy también debía comparecer el exSecretario del Consell y la exjefa de Gabinete de la Consellería, pero su testimonio se ha pospuesto.

Dictamen

El Gobierno del Consell de Ibiza presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en febrero de 2023 tras las conclusiones de un dictamen elaborado por los servicios técnicos y jurídicos de la institución en el que se resaltaba que se encomendaron los trabajos a la asociación de manera verbal sin ningún tipo de procedimiento y sin el aval de ningún técnico .

Se resaltaba que dos contratos que el dictamen se fabricaron fraudulentamente después de que el Consell Executiu los denegara.

Jurado siempre ha negado ilegalidad alguna en la contratación con Amadiba.

La jueza que instruye este caso ya ha emitido dos resoluciones en las que ha criticado al Consell por la "instrumentalización política de la justicia".