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Ibiza se pronunciará en dos meses sobre el traslado de los residuos a Palma o la construcción de una incineradora en la isla

El proceso de participación ciudadana tendrá en cuenta los aspectos medioambientales, técnicos, sociales y económicos.

Imagen de la reunión celebrada hoy en el proceso de participación ciudadana / Consell Ibio

Imagen de la reunión celebrada hoy en el proceso de participación ciudadana

Ibiza

En dos meses se conocerá un pronunciamiento sobre la mejor alternativa para el futuro tratamiento de los residuos en Ibiza. Posteriormente, la última palabra la tendrá el gobierno del Consell de Ibiza en torno a las dos opciones que están encima de la mesa: el traslado a Palma o la construcción de una incineradora.

La institución insular ha iniciado un proceso de participación ciudadana que se prevé que está concluido a finales del mes de mayo. Allí se sabrá cuál es la opción más valorada entre las administraciones, entidades, sectores productivos, agentes sociales y ambientales y partidos políticos. Tendrá en cuenta cuatro aspectos, el ambiental, el técnico, el económico y el social.

Según explican desde el equipo de gobierno del Consell, si el resultado es "concluyente" formará parte de la decisión final que adopte la institución sobre el futuro tratamiento de los residuos

La empresa Idom, formada por un equipo de 120 técnicos encargada de valorar las alternativas, ha explicado que la exposición que se ha hecho en la primera reunión es fruto de un proceso independiente que no ha contado con "ingerencia política" . Las técnicas han señalado que las dos opciones tienen ventajas e inconvenientes que deberán valorarse como una metodología multicriterio y que el proceso concluirá con la decisión que se adopte en la segunda reunión.

El conseller de Gestión Ambiental, Nacho Andrés, ha señalado que en los informes que se han solicitado en los últimos años no hay mucha diferencia entre las dos opciones. En el primero de ellos, que data de 2021 se daban 60 puntos al traslado de los residuos y 52 a la incineradora. Y un segundo informe tampoco daba una posición concluyente.

Sea cual sea la alternativa, lo que es seguro es que durante un periodo de tiempo habrá que trasladar los residuos a Palma, teniendo en cuenta que al vertedero de Ca Na Putxa le quedan entre cuatro y cinco años de vía útil, porque ve poco factible que se pueda ampliar este plazo cinco años más y tampoco se puede ampliar ca na Putxa.

Sobre un posible acuerdo con el Consell de Mallorca, Andrés afirma que siguen trabajando y que las negociaciones están "avanzadas". Recuerda que de este tema se hablará en la próxima conferencia de presidentes. Recalca que en el pasado ya se llevó a cabo esta opción desde Menorca a Palma cuando el vertedero menorquín estaba cerrado “y pensamos que no tendría que haber ningún tipo de problema”.

Si la opción mayoritaria es la de construir una incineradora, Andrés asegura que no hay decisión tomada sobre su ubicación y que no tienen claro donde podría instalarse.

Asume que la "lógica" apunta a ca na Putxa, porque allí está también la planta de transferencia “pero no sabemos a día de hoy cuál sería la mejor ubicación y hay que tener en cuenta también las nuevas tecnologías que avanzan a pasos muy rápidos".

La oposición cree que la decisión "ya está tomada"

El PSOE denuncia que el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, intenta “disfrazar de participativo el debate sobre la creación de una incineradora” en la isla que, aseguran los socialistas, ya es una decisión tomada. La portavoz del grupo socialista en el Consell, Elena López, habla de un “paripé”.

La portavoz del PSOE defiende la importancia de que los procesos participativos se hagan con garantías y ha criticado que, en el que prepara el Consell, no se han dado detalles sobre qué personas o entidades podrán participar y votar la decisión final.

Dice López que el debate se plantea con falta de información y obviando que plenarios como el de Santa Eulària ya se han pronunciado en contra de tener la instalación en su municipio.

López dice que una decisión así la debe tomar quien gobierna, asumiendo el posible coste político, y no trasladar la responsabilidad a la sociedad con “falta de transparencia”. Añade que llevan años pidiendo más información al Gobierno insular, pero no han conseguido respuesta y han tenido que denunciarlo ante el Defensor del Pueblo.

 

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