Santa Eulària recurrirá la suspensión del desalojo de Can Rova 2

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària presentará recurso a la providencia dictada ayer por el Juzgado de los Contencioso Administrativo Número 1 de Palma de suspender el desalojo del asentamiento ilegal de Can Rova 2 en el que, según las estimaciones del Consistorio viven unas 200 personas.

El departamento de Infracciones de la Corporación Local está trabajando en la presentación del recurso basándose en los informes que se han podido elaborar después de la entrada ayer en la parcela de los técnicos de Medio Ambiente y de Servicios Sociales. También se tendrán en cuenta los datos aportados por la Policía Local y un ingeniero municipal que estuvieron sobre el terreno.

Desde el Gobierno de la Villa del Río esgrimen que no se dan los condiciones de seguridad y salubridad.

De hecho, una de las primeras medidas que se adoptaron en la mañana de ayer fue la de cortar el suministro de una precaria red eléctrica que abastecía al poblado chabolista.

No se tiene constancia ahora de si se ha vuelto a recuperar el servicio una vez que el dispositivo que había preparado el Ayuntamiento abandonó la zona tras el auto judicial.

Los socialistas acusan al Gobierno local de "falta de humanidad"

Mientras tanto los socialistas de de Santa Eulària han denunciado lo que entienden es una absoluta falta de humanidad y de responsabilidad social por parte del ayuntamiento y exige a la alcaldesa, Carmen Ferrer, explicaciones públicas ante la situación límite que viven más de 300 personas, según sus cálculos, del poblado de Can Rova 2. El PSOE reclama a Carmen Ferrer explicaciones sobre el dispositivo del desalojo de ayer, que fue detenido por los tribunales, así como la total falta de recursos sociales por parte del ayuntamiento.

El PSOE quiere manifestar de forma contundente que no se puede permitir que haya personas malviviendo en campamentos como Can Rova, pero también advierte de que las actuaciones de desalojo y desmantelamiento de estos asentamientos deben hacerse con todas las garantías y los recursos sociales y habitacionales que sean necesarios.

La mayoría de las personas que viven allí, recuerdan, son trabajadoras, muchas de ellas con contratos regulares, pero sin ninguna posibilidad de acceder a una vivienda por culpa de los precios desorbitados en el municipio de Santa Eulària y en toda la isla. Entre ellas, hay familias con menores de edad y otras personas especialmente vulnerables. A pesar de esta realidad social insostenible, el ayuntamiento se ha limitado iniciar un proceso de desalojo, pero sin ninguna alternativa habitacional ni intervención social previa, como ya ocurrió el año pasado en Can Rova 1.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Alan Ripoll, exige a la alcaldesa "la activación urgente de un plan de emergencia social y de vivienda en nuestro municipio, que ponga fin a la cronificación de la pobreza y la exclusión residencial". Como ha advertido el portavoz del PSOE, "Santa Eulària no puede seguir dando la espalda a la realidad, limitándose a intentar expulsar a estas personas de nuestro municipio".

La situación ha sido agravada, según Alan Ripoll, por la "dejadez institucional": ni el Ayuntamiento ni el Consell Insular han activado los mecanismos de emergencia social que serían necesarios ante un caso de esta gravedad.