Santa Eulària recurre la paralización del desalojo de Can Rova 2 y advierte de más riesgos

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha presentado un recurso de reposición contra la paralización del desalojo del asentamiento chabolista Can Rova 2, que ha acompañado de informes técnicos municipales que certifican más "peligros y riesgos" para la salud y la seguridad de los moradores en la finca privada Cas Bunets, ubicada en Puig d’en Valls, junto a la carretera de Ibiza a Sant Antoni.

El Consistorio ha explicado este viernes que durante el intento de desalojo del pasado miércoles, los servicios técnicos municipales pudieron certificar que los riesgos de incendio, electrocución y salud pública “son superiores” a los que motivaron el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma que ordenó el desalojo y que después suspendió al aceptar el recurso de urgencia de los moradores.

Entre los informes se encuentra el realizado por el ingeniero municipal que constata que las viviendas están construidas en su mayoría con materiales “altamente inflamables y no regulados”, como madera sin tratar, plásticos, lonas, textiles y restos de materiales de obra. Añade que los propios moradores comenzaron a desmontar apresuradamente instalaciones eléctricas, placas solares y cuadros de distribución “sin conocimiento técnico ni control” y que, al detenerse la intervención, “resulta imposible garantizar la seguridad de dichas instalaciones”.

En la misma línea, los informes de Medio Ambiente destacan el “riesgo inminente de incendio” por la “gran cantidad” de residuos potencialmente combustibles, la presencia de combustible para generadores o la falta de elementos de prevención y extinción.

En caso de incendio, advierten, estarían en riesgo infraestructuras vitales como vías principales de comunicación (EI-600 o EI-20), los helipuertos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de sa Coma y del Hospital Can Misses, el propio Hospital Can Misses o entornos de alto valor ambiental como sa Serra Grossa (Zona de Especial Conservación) y áreas verdes colindantes que afectarían a los municipios de Eivissa, Sant Josep y Sant Antoni.

El responsable de Medio Ambiente también apunta al peligro para la salud pública con 18 inodoros ubicados sobre fosas sépticas excavadas en el suelo, sin ningún tipo de impermeabilización aparente ni sistema de depuración, así como depósitos para almacenamiento de agua no aptos para consumo humano.

Finalmente, de informe de los Servicios Sociales advierte de condiciones graves hacinamiento y que el poblado no reúne las condiciones adecuadas de habitabilidad ni higiene, con tiendas de campaña, caravanas, infraestructuras hechas con materiales reutilizados en las que “conviven hasta cinco o más personas, entre las cuales hay menores”.

Durante el desalojo, loa Servicios Sociales realizaron 83 visitas y constataron la presencia de familias con menores, algunos de menos de 3 años, y de mujeres embarazadas.

De momento, solo una familia aceptó los servicios ofrecidos y ya ha sido siendo alojada en el municipio de Santa Eulària.

Desde el Ayuntamiento señalan que tienen suficientes soluciones habitacionales temporales para todas las personas del poblado para una primera atención, independientemente de si legalmente se consideran o no vulnerables.

El Consistorio ha remarcado que desde septiembre trabajan de manera “muy intensa a todos los niveles” para dar respuesta a un problema entraña “un grave riesgo” para las personas y que desde entonces, la situación se “ha ido agravando”.

También han considerado “incomprensible” que desde diferentes instancias se trate de “tergiversar la realidad”, ofreciendo esta situación como una “alternativa digna” y que no comprenden que se puede llegar a considerar una “victoria” detener un operativo para que centenares de personas, con menores de edad y bebés, “sigan en condiciones inhumanas”.

De no haber sucedido, ya estarían “bajo un techo digno”, como ha logrado la única familia que solicitó ayuda a los servicios sociales, han añadido desde el Consistorio.

Unidas Podemos exige que se empadrone a las personas afectadas

Unidas Podemos exige al gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulària que inicie los trámites de empadronamiento de las personas que viven en el poblado chabolista de Can Rova 2. La concejala de la coalición en el Ayuntamiento de Ibiza, que hoy ha visitado el asentamiento, acusa al Consistorio de la Villa del Río de no atender esta petición.

Negativa que no se explica, dice, porque las familias han pagado los 50 euros en concepto de tasa que se solicitan para poder empadronarse. Esto les ha permitido, al menos, gracias a unas gestiones que Nauda hizo con la consellería de Educación, que se haya podido escolarizar a los seis niños de entre 5 y 14 años que viven en Can Rova 2.

En el asentamiento hay además dos menores de corta edad para ir a una guardería, un recién nacido y tres mujeres embarazadas. La edil recalca que empadronarse es fundamental para que estas personas puedan regularizar su situación, tengan derecho a un contrato laboral y puedan buscar una vivienda de alquiler para vivir.

Nauda dice que las preocupaciones que dice tener el Ayuntamiento de la Villa del Río por las personas que viven en Can Rova son puro marketing. Critica el impacto psicológico que tuvo el inicio del desalojo para las familias. Lamenta que no hubieran estado sobre el terreno la concejala de Asuntos Sociales o trabajadoras de su departamento. Apunta que los residentes en Can Rova tienen que pedir una cita para ser atendidos por el Ayuntamiento y allí lo único que se les ofrece es una semana de estancia en un hotel o un billete de avión de vuelta a su país de origen.

La concejala de Unidas Podemos ha celebrado el auto judicial que inadmite la demanda que ha puesto la propiedad del terreno para el desalojo de la parcela. Se trata de un procedimiento diferente por la vía civil al que se instruye por la vía del Contencioso Administrativo en Palma.