Sant Josep fija requisitos adicionales para legalizar viviendas en rústico y la oposición dice que fomenta la "especulación"

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep establece una serie de requisitos adicionales para la legalización de edificaciones construidas en rústico en el municipio que están fuera de ordenación, con infracción urbanística prescrita. El Consistorio ha recibido hasta ahora tres solicitudes de este tipo.

Recordemos que esta amnistía urbanística fue aprobada por el Govern y el mes pasado el Consell puso el contador a cero de los tres años para llevar a cabo estas legalizaciones.

En Sant Josep en las reformas o rehabilitaciones se tendrán que usar materiales como la piedra o la madera y es obligatorio la eliminación del amianto.

Será necesario también la recogida de las aguas pluviales, la instalación de placas solares y la iluminación led para evitar la contaminación lumínica. Asimismo, habrá que instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en edificaciones comerciales e industriales de más de 200 metros y se prohíbe la señalización con rótulos estridentes.

Son las medidas adicionales que el pleno del Consistorio ha aprobado con el voto a favor de Partido Popular y Vox y el rechazo de todos los grupos de izquierda.

El alcalde, Vicent Roig, defiende las bondades de una medida "pensada para los habitantes del municipio, que fomenta la convivencia, sentando el precedente de la responsabilidad ambiental y urbanística".

Dice que no se trata de una amnistía, sino de una regularización, "¿que hacemos con esas viviendas en las que se ha reconvertido un corral en una habitación para un hijo?, o pequeñas ampliaciones que no se pueden tumbar".

Frente a ese argumento, el portavoz del grupo Socialista, Vicent Roselló, ha dicho que esta medida "no sirve más que para producir la máxima especulación en suelo rústico, esto no es más que una operación de maquillaje".

Roselló, que ha vuelto a pedir la retirada de este decreto y del que permite construir en rústico, asegura que los beneficiarios de esta medida no serán los residentes, "será la gente de fuera que viene a comprar nuestra isla. Se permite legalizar construcciones nuevas, auténticas aberraciones urbanísticas para que personas interesadas en tener todos los papeles puedan ir al notario y hacer una venta".

En la misma línea, el concejal de Ara, Josep Antoni Prats, dice que "se podrán legalizar atentados urbanísticos que se han hecho en el territorio, damos un mal ejemplo"

Prats afirma que el PP va haciendo amnistías "y la gente ya lo sabe y va haciendo cosas porque más pronto que tarde se lo legalizarán". También critica que en los requisitos fijados no se diga nada de las actividades que no se podrán hacer en las edificaciones que se legalicen "se olvidan de esta parte".

Roig responde que la izquierda se pone las manos a la cabeza, pero cuando gobernaba el consistorio los únicos beneficiarios "fueron los nombres de las urbanizaciones construidas con casas que costaban como mínimo 1,5 millones de euros".

Crítica también la concejala de Unidas Podemos, Mónica Fernández, que tilda la medida de "hipocresía de libro" mientras que la concejala de Vox, Araceli Colomar, destaca que ahora se "aportan soluciones en lugar de poner parches".