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Las trabajadoras de las 'escoletes' continúan la huelga con un seguimiento del 100% pese a los servicios mínimos

Ya han interpuesto una demanda judicial contra el Ayuntamiento por los servicios mínimos

Palma

Las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas de Palma afrontan este martes su segundo día de huelga indefinida con un seguimiento del 100 por cien pese a la "imposición" de unos servicios mínimos "abusivos" por parte del Ayuntamiento.

Así lo han señalado las federaciones de enseñanza de UGT y CCOO en un comunicado conjunto después que el primer día de movilizaciones fuera calificado como un "auténtico éxito".

Los sindicatos, sin embargo, han lamentado que Cort les haya impuesto unos servicios mínimos que afectan a cerca del 92 por ciento de las plantillas, que "superan ampliamente los establecidos en cualquier huelga anterior en el sector".

Por ejemplo, han expuesto, "situaciones extremas como permitir a las cocineras ejercer su derecho a la huelga solo una hora al día, después de obligarlas a realizar el mismo trabajo de siempre en menos tiempo, evidencian la vulneración de derechos fundamentales" a la que se está viendo abocado el colectivo.

Es por ello que ambas organizaciones sindicales ya han interpuesto una demanda judicial contra el Ayuntamiento de Palma para exigirle responsabilidades legales y políticas por lo que han considerado una "grave actuación".

En concreto, ha apuntado UGT Servicios Públicos en otro comunicado, han presentado un recurso contencioso administrativo para proteger sus derechos fundamentales y han solicitado una medida cautelarísima ante un juzgado de Palma para suspender de forma inmediata los efectos del decreto de servicios mínimos.

El objetivo de estos recursos, ha expuesto el sindicato, es "garantizar que la huelga sea efectiva y real y no quede desvirtuada por una aplicación desproporcionada de los servicios mínimos".

También barajan la posibilidad de presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la modificación de las condiciones laborales durante la huelga.

Sus reivindicaciones

La huelga indefinida busca poner de manifiesto la "discriminación salarial" entre las 'escoletes' gestionadas directamente por el Consistorio y las externalizadas.

Las trabajadoras de estos segundos centros recriminan que, pese a tener una "igual formación, funciones y responsabilidades", cobran hasta 700 euros mensuales menos que las primeras.

Los sindicatos se han preguntado quiere empezar a trabajar en la dirección de la equiparación salarial o si, por el contrario, pretende "seguir sin hacer nada".

"Hasta ahora, lo único que han recibido las trabajadoras, sus representantes y los sindicatos han sido mentiras, evasivas, menosprecio institucional y vulneración de derechos fundamentales", han recriminado.

Por ello, han pedido a Cort que abra de manera inmediata una mesa de negociación "real, con voluntad de construir una solución que contemple un calendario de convergencia salarial y el estudio de un proceso de integración del personal externalizado en el organismo municipal correspondiente".

De lo contrario, las trabajadoras tienen programadas concentraciones ante la sede del Ayuntamiento y asambleas abiertas con familias y plantillas.

Ocho centros

De los 12 centros públicos del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles (PMEI), ocho están gestionados de manera indirecta por la empresa Estudi 6, recuerdan los sindicatos. Cort, han reprochado, se "desentiende completamente" de las trabajadoras de éstos, así como de sus alumnos y familias, lo que supone una "irresponsabilidad absoluta".

"Si solo se responsabilizan de tres centros, sus salarios también deberían ser proporcionales", subrayan desde UGT y CCOO, que acusan al Ayuntamiento de "falta de liderazgo y compromiso institucional" en un servicio municipal que es "clave" para la ciudad.

Las organizaciones sindicales han destacado el apoyo que más de 400 familias han mostrado a las trabajadoras a través de una regida de firmas, declaraciones públicas y acciones de acompañamiento.

Todas ellas, han señalado, exigen que las educadoras que se hacen cargo de sus hijos tengan unas "condiciones laborales dignas" y sean tratadas con "respeto y justicia".

 

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