Amarristas del Port Nàutic de Ibiza acusan de "descrédito institucional" a la Autoridad Portuaria por la prórroga de un año a Puertos y Litorales Sostenibles

iBIZA

La Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza se muestra muy crítica ante la decisión adoptada ayer por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que ha concedido una nueva prórroga de un año a Puertos y Litorales Sostenibles, actual gestora del Port Nàutic Eivissa.

La prórroga fue aprobada con el único voto en contra de Mariano Juan Colomar, vicepresidente del Consell Insular d’Eivissa y representante de la isla en el consejo de la APB. El consejero por Formentera se abstuvo.

Desde la Asociación muestran su indignación con un comunicado, destacan que la decisión se produce pese a las numerosas denuncias presentadas por esta asociación a lo largo del último año. Se alertaba sobre presuntos incumplimientos graves y reiterados en la gestión de la instalación: amarramientos fuera de normativa, ausencia de servicios comprometidos como la escuela de vela o el fomento de regatas, y un incumplimiento sostenido del proyecto con el que la empresa obtuvo la autorización.

La APB ha justificado su decisión en un informe favorable que atribuye los retrasos a los efectos de la DANA que afectó la provincia de Valencia en octubre de 2024. Desde la Asociación de Amarristas dicen que "solo podemos calificar este argumento como un insulto a la inteligencia de los usuarios y de la ciudadanía. Es más, es un insulto a quienes realmente sufrieron la DANA".

Una DANA puntual podrá, en el mejor de los casos, justificar un retraso en el movimiento de tierras para el dique, pero no impide ni hacer un proyecto de ejecución ni mucho menos poner en marcha una escuela de vela, organizar regatas o cumplir con el resto de servicios comprometidos, que nada tienen que ver con el clima ni con Alicante.

Por todo ello, destacan que Llama poderosamente la atención que la APB haya admitido una justificación tan débil sin exigir documentación concluyente que la respalde.

Más grave aún, dicen, es la falta total de transparencia que rodea esta actuación: Aseguran que se desconoce si PyLS ha presentado en tiempo y forma el proyecto de ejecución y el acta de replanteo. Tampoco si la obra que se está llevando a cabo responde a esos proyectos, en caso de que existan, ni si cuenta con la debida aprobación por parte de la APB.

Además, lamentan que las solicitudes de información presentadas por esta asociación siguen sin obtener respuesta, alimentando la sospecha de que se está actuando de espaldas a los principios de legalidad y control que deben regir toda actuación pública.

Pese a todo ello, según los amarristas la APB se limita a afirmar que mantiene abierto un supuesto “proceso instructor y diligencias informativas”, pero no ha incoado ningún expediente sancionador, ni ha iniciado procedimiento de caducidad, a pesar de los flagrantes incumplimientos constatados.

 Esta inacción, en un contexto de reiteradas denuncias y una gestión claramente deficitaria, resulta incomprensible e injustificable.

Recuerdan que no es la primera vez que la Autoridad Portuaria actúa con temeridad y desprecio por el interés general.

Tal como recogió la Sentencia 207/2020 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, “apreciamos temeridad en la actuación procesal de la APB que prefirió insistir en la defensa del acto impugnado, pese a las claras y reiteradas advertencias de ilegalidad expresadas por esta Sala.”

Parece que esta actitud contumaz, lejos de corregirse, se ha consolidado como práctica habitual, mientras la defensa del interés general —que debería ser su principal deber— brilla por su ausencia.

Desde la Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza exigimos a la APB que publique de inmediato los informes técnicos y/o jurídicos, fechas de presentación, proyectos de ejecución, acta de replanteo (si los hay) y cualquier otra documentación que haya servido para adoptar esta prórroga. De lo contrario, se consolidará la percepción de una administración cómplice de un modelo de gestión opaco, que protege a un operador privado en perjuicio del interés público.

Mientras los usuarios ven cómo se incumplen los compromisos del concurso sin consecuencias, la APB continúa premiando esta conducta con más tiempo y más concesiones. Una muestra más del descrédito institucional que arrastra esta administración, que parece haber olvidado que su función es proteger el bien común, no encubrir el fracaso de una adjudicataria incumplidora.