Los promotores reclaman que en rústico sólo se construya vivienda de protección oficial

Palma

El GOB ha presentado alegaciones contra el decreto urbanístico del Govern denunciando la falta de planificación y estudios sobre el impacto que tendrá en los recursos el crecimiento impulsado por el Govern y Ayuntamiento en Palma. Advierten de consecuencias ambientales irreversibles y lamentan que se haya puesto en marcha sin la participación de la ciudadanía.

Los ecologistas han presentado 16 enmiendas al proyecto de ley de proyectos residenciales estratégicos. Rechazan que se modifique la planificación urbanística a golpe de decreto y proponen la exigencia de evaluación ambiental ordinaria, estudios de suficiencia hídrica y riesgo de inundación, y estricto cumplimiento de las normativas europeas. Margalida Ramis, portavoz del GOB, cuestiona además que se esté cumpliendo la legislación europea. Piden además estudios de impacto sobre movilidad y servicios esenciales en caso de grandes incrementos de población y la garantía de 15 m² de zona verde por habitante. El GOB hace un llamamiento a los grupos parlamentarios para que asuman estas alegaciones para evitar una desregulación urbanística, dicen, sin precedentes.

Los promotores apuestan por la utilización de suelo rústico para construir viviendas únicamente cuando los terrenos urbanos estén agotados y cuando exista una situación de emergencia habitacional. Los promotores han presentado sus enmiendas al proyecto de ley del decreto de proyectos residenciales estratégicos de Palma. Dicen que en las áreas de transición solo se tendría que edificar vivienda a precio limitado o VPO. Y también apuestan por que se liberalice suelo en todos los municipios de las Islas. Son partidarios de que cada municipio acuerde la posibilidad de desarrollar proyectos residenciales estratégicos, debiendo determinar el ámbito de aplicación y sin necesidad de que sean proyectos superiores a 100 viviendas.

Y hay más enmiendas: proponen los promotores que las viviendas de precio limitado mantengan esa situación, esa condición de vivienda a precio limitado en suelo privado por un un plazo de 30 años. Y es que dicen que el suelo de propiedad privada se tiene que urbanizar con recursos propios y sin ningún tipo de ayuda pública.