OCB pide prudencia al interpretar el pronunciamiento del Constitucional sobre eliminar el catalán como requisito en la sanidad

Palma

La Obra Cultural Balear (OCB), impulsora del segundo recurso contra la eliminación del requisito del catalán en la sanidad pública balear, que presentó en enero, ha pedido prudencia en la interpretación del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el primero, que no entra "en el fondo del recurso".

El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha manifestado que el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del recurso, sólo sobre un aspecto de carácter formal, en relación a si cabía regular esta cuestión por medio de un decreto, ha informado la entidad en un comunicado.

El pronunciamiento del TC de este viernes hace referencia al primer recurso que presentó la entidad, a través de 50 diputados del PSOE y Sumar. El Constitucional señala que este recurso ha perdido su objeto, dado que la norma contra la que se dirigía (el DL 5/2023) se encuentra actualmente derogada por medio de la ley de simplificación administrativa de julio de 2024, cuando el PP erróneamente votó a favor de 34 enmiendas de Vox, en el Parlament.

En el mismo momento, "para rectificar el despropósito", el Govern aprobó el DL 5/2024, recuperando el texto original del de 2023. La OCB interpuso un segundo recurso, que sigue en tramitación.

Llabrés destaca que en relación con el primero que se interpuso, la sentencia del TC no entra en el fondo del asunto y no se pronuncia sobre "los tres motivos de inconstitucionalidad de carácter sustantivo" que esgrimen los recurrentes.

La admisión o no a trámite del segundo recurso está programa para el martes que viene.

El presidente de la OCB indica que el TC sólo ha entrado a analizar un motivo formal del recurso y si era posible o no regular esta materia a través de la figura del decreto ley, en lo que da la razón al Govern.

La OCB lo considera incorrecto porque el TC da por buenos los argumentos del Govern sobre las razones de urgencia en que se eximía de catalán a los profesionales de la sanidad, por una supuesta carencia de estos profesionales.

La OCB alegó en su día que estos informes no se correspondían con la realidad, ya que en el proceso de estabilización de profesionales sanitarios, a más de 2.000 plazas convocadas con la exigencia de conocimientos de catalán, se presentaron más candidatos, con lo que considera que "se ha visto que no han quedado plazas de sanitarios desiertas por razones de lengua".

Según los datos de la OCB, de las 1.277 plazas de enfermería, ninguna quedó desierta.

Llabrés ha declarado que la perspectiva del control de constitucionalidad sobre una norma únicamente significa que esta norma es compatible con la Constitución, "no significa nada más." Añade que también era constitucional la norma anterior, que exigía conocimientos de catalán para poder ingresar en la sanidad pública.

Según el presidente de la OCB, "en este caso, la mejor opción seria que el Govern defendiera los derechos lingüísticos de los ciudadanos de estas islas y no apostar por pisotearlos".