Uno de cada seis ciudadanos de Baleares está a la espera de una resolución judicial

Palma

Uno de cada seis ciudadanos de Baleares está pendiente de una resolución judicial. Espera una sentencia de divorcio, una indemnización o una absolución tras una acusación. Los juzgados de Baleares acumulan 11.172 asuntos pendientes según la última memoria del Tribunal Superior de Justicia referida al año pasado. Detrás de ellos hay 200.000 personas aguardando una resolución.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de las islas, Carlos Gómez, ha comparecido este miércoles en la comisión de asuntos institucionales del Parlament para desgranar la situación de la justicia. En primer lugar, el magistrado ha querido poner en el foco a las personas que están detrás de las listas de espera de la justicia y la ansiedad que produce esperar durante meses o años la resolución de un asuntos judicial. Según Gómez, el retraso en la tramitación de los casos nunca ha ido a menos porque, denuncia, nunca se ha hecho un esfuerzo inversor en la administración de justicia. No hay recursos, señala, no hay posibilidad de decidir sobre los medios materiales.

El año pasado fue el primero en la historia de los juzgados de Baleares en los que ingresaron más de 200.000 casos. Se disparó la entrada en la jurisdicción civil, donde la litigiosidad por temas de consumo se ha incrementado exponencialmente por reclamaciones sobre aerolíneas o bancos. Con todo, el principal problema de la justicia sigue siendo la falta de profesionales.

El presidente del tribunal también ha hablado de la situación que atraviesan las secciones penales de la Audiencia Provincial. Arrastran situación difícil por la gran cantidad de asuntos que ingresan. Casi no hay grandes causas por corrupción, pero se han incrementado los casos de contenido sexual, asuntos delicados y que llevan mucho tiempo.

Gómez ha explicado que la productividad de los jueces de la Audiencia es la que toca y que cumplen con los ratios. Aún así, el volumen de trabajo provoca que los señalamientos se hagan a muchos años vista, incluso programando juicios para 2029. Para solventarlo se han adscrito dos magistados de la sala civil a las secciones penales. Además, la sala de gobierno estudia la posibilidad de proponer a la sección segunda que durante seis meses se dedique explusivamente a celebrar juicios.

Esta medida, que está en estudio, implicaría una congelación de las resoluciones de los recursos de apelación pendientes de estos jueces, pero no afectaría a los casos urgentes, como las causas con preso o los casos de violencia machista.