El PP cede en lengua e inmigración para cerrar un acuerdo de presupuestos con Vox

Palma

Eximir del catalán a profesores que cubran determinadas plazas, la derogación de la ley de Memoria Democrática o la necesidad de acreditar tres años de residencia legal en las islas para acceder a la Renta Social. Esas son algunas de las concesiones del PP a la ultraderecha de Vox para alcanzar un acuerdo que permita sacar adelante las cuentas de este 2025.

Unos acuerdos que ambos partidos han tratado de desgranar. Buena parte papel mojado, buena parte sin concreción y desarrollo y también dificultades del PP para explicar cómo se encajan algunas medidas y cómo se piensan articular. Tras semanas de negociaciones ambas formaciones han alcanzado un acuerdo en el que el PP ha cedido ante las exigencias de Vox en materia de inmigración, lengua, memoria y vivienda.

Comenzando por la lengua, ambos partidos han pactado modificar la ley de Educación de Baleares para incluir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza y promocionar las modalidades lingüísticas propias de cada isla. Modalidades que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha dicho que forman parte de la lengua balear, que ni siquiera está reconocida como idioma.

El punto más polémico pasa por permitir a los docentes que ocupen plazas de muy difícil cobertura que lleguen sin saber catalán y que lo acrediten una vez tengan la plaza. El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagrera, ha resumido los derechos de los alumnos a recibir la enseñanza en catalán en una frase: "qué es mejor, que en Formentera no haya profesores de música, historia o matemáticas o que haya profesores de música, historia y matemática que temporalmente solo hablan castellano".

Los dos partidos han acordado garantizar que el catalán no penalice en el acceso a las bolsas públicas de trabajo. Además, analizarán las distintas categorías que no tratan con la ciudadanía para rebajar el nivel exigido.

Rebajas de los requisitos del catalán en la función pública y también para los alumnos que lleguen de fuera, que durante cuatro años estarán exentos de la evaluación del idioma.

Buena parte del acuerdo toca el asunto migratorio. Se rechaza la acogida de más menores migrantes extranjeros procedentes del reparto de otras comunidades y por no financiar nunevos centros de acogida. Además, se condiciona la percepción de la Renta Social a demostrar tres años de residencia legal en las islas, la supresión de subvenciones a ONG's. Otro de los puntos contempla la supresión de subvenciones a organizaciones islamistas.

En materia de vivienda, PP y Vox han acordado reclamar un mínimo de cinco años de residencia en las islas para obtener ayudas de acceso a la vivienda. Otro de los puntos, el último del acuerdo, es la derogación de la ley de Memoria Democrática de Baleares, un punto que el PP ha justificado, como ya ha hecho en otras ocasiones, en la existencia de una ley de Fosas.