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La Asociación de Amarristas del Club Náutico denuncia presiones e intimidación de Puertos y Litorales Sostenibles

Dicen que la gestora del Port Nàutic les ha enviado un burofax cargado de "acusaciones infundadas"

Imagen de las instalaciones / Germán Lama

Imagen de las instalaciones

Ibiza

La Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza denuncia un intento de intimidación por parte de Puertos y Litorales Sostenibles, S.L. la empresa que gestiona las antiguas instalaciones del Club Náutico de Ibiza.

Aseguran que han recibido un burofax firmado por el administrador único de la entidad en el que se les acusa, “de forma infundada y gravemente difamatoria”, de promover una supuesta campaña de hostigamiento, incitación al impago y generación de alarma social.

Desde esta Asociación afirman que el contenido del burofax constituye un ataque directo al derecho fundamental de asociación y que su colectivo “se constituyó precisamente para canalizar, por vías legítimas, las inquietudes, reclamaciones y necesidades de los usuarios históricamente vinculados a Port Nàutic Ibiza, ante una gestión que desde su inicio ha generado inseguridad jurídica, falta de transparencia y decisiones administrativas de dudosa legalidad”.

Añaden que la acusación de ‘lawfare’ es “tan ofensiva como inexacta porque la Asociación no ha promovido más que el cumplimiento de la legalidad y la defensa pacífica de los derechos de los amarristas”.

Aseguran que “la responsabilidad de los conflictos actuales recae exclusivamente en quienes han gestionado de forma opaca una infraestructura portuaria pública, generando un caos logístico y administrativo que está afectando a decenas de familias”.

Afirman que “resulta especialmente grave este intento inaceptable de deslegitimar a quien representa los intereses de una comunidad organizada como excusa para perseguir a todo un colectivo, lo que constituye una maniobra de presión y descrédito absolutamente desproporcionada”.

Concluyen que no cederán “ante prácticas que solo buscan dividir, intimidar y acallar la voz de quienes apuestan por una gestión portuaria justa y ordenada, porque defender derechos y una gestión pública transparente no es delito: es democracia”.

 

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