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La patronal balear de rent a car también pide en los tribunales la suspensión de la ley que limita la entrada de vehículos en Ibiza

Baleaval presenta recurso por la vía del contencioso-administrativo

Empresas de alquiler de vehículos en el Aeropuerto de Ibiza / Cadena SER

Empresas de alquiler de vehículos en el Aeropuerto de Ibiza

Ibiza

La patronal balear de alquiler de vehículos, Baleval, también ha acudido a los tribunales para intentar frenar la ley que regula la entrada de vehículos en Ibiza y que comenzará aplicarse el próximo domingo. Tal y como hizo la naviera Baleària ha presentado recurso contencioso-administrativo y pide al Consell que deje en suspenso la normativa este año.

Argumentan que las medidas no se ajustan a la legalidad y que se han incumplido los plazos marcados por la Ley autonómica de control de la afluencia de vehículos en la isla de Ibiza, según la cual, el acuerdo del Pleno debe publicarse en el BOIB como mínimo tres meses antes de la entrada en vigor de la prohibición; lo que no ha sucedido, según denuncian desde la asociación.

Por otro lado, Baleval considera que la prohibición de entrada de vehículos entra en conflicto con las normas de competencia estatales y de la Unión Europea. Dicen que contraviene la libertad de movimiento, la libertad de establecimiento, la libre circulación de mercancías y la unidad de mercado.

Julio Nieto, presidente de Baleval, dice que con este recurso buscan que las medidas aprobadas en pleno por el Consell "se ajusten a la legalidad, ya que pensamos que ha habido precipitación y no se han cumplido los plazos". Reitera que este año debería dedicarse a recopilar datos "que permitan conocer la realidad de la isla y abordar soluciones adoptadas al objetivo común de la movilidad sostenible que todos compartimos".

La ley fija para los rent a car un top de 16.000 vehículos autorizados a circular. Ya se han repartido entre las empresas que solicitaron cupo

Baleval argumenta que no se ha hecho un estudio de carga que contemple medidas alternativas y que demuestre que se ha optado por la medida menos lesiva contra los derechos fundamentales. Afirman que el estudio de carga realizado por el Consell no tiene la entidad necesaria ni hace ningún análisis de escenarios alternativos ni del impacto que el límite tendrá a nivel social y económico.

Baleval considera que las prohibiciones se han adoptado de manera precipitada y sin adoptar medidas de transporte alternativo. Creen que los consumidores saldrán perjudicados porque la reducción de la oferta hará que suban los precios.

 

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