El Gobierno de Santa Eulària pide amparo al Defensor del Pueblo por la proliferación del asentamiento de Can Rova 2

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo con el objetivo de solicitar amparo ante la grave situación generada por la proliferación de un asentamiento ilegal conocido como Can Rova 2, organizado en la parcela 76 del polígono 23 del barrio de Can Negre.

En el texto, entregado el pasado 30 de mayo de 2025, el Consistorio denuncia la pasividad mostrada tanto por la Administración General del Estado como por los órganos judiciales competentes para hacer frente a esta problemática.

Desde el primer momento, dicen que se han puesto a disposición de la Oficina del Defensor, que ya ha tenido 20 días para estudiar el informe completo, por lo que se confía que la resolución del expediente sea rápida y en base al interés general y, en especial, a todos los menores de edad que se ven obligados a residir en condiciones inhumanas.

Insisten en que se han llevado a cabo múltiples actuaciones, tanto administrativas como judiciales, para frenar la consolidación de un núcleo de infraviviendas que, además de ser ilegal en suelo rústico protegido, presenta evidentes riesgos para la vida de las personas, el medio ambiente y las infraestructuras críticas de abastecimiento de agua de la isla de Eivissa. Asimismo, se entiende que no son las condiciones óptimas en las que deben vivir los menores de edad y no debe legitimarse como una forma de vida digna.

Destacan que tras acreditarse las graves deficiencias de salubridad, instalaciones eléctricas y de gas, vertidos de aguas fecales, presencia de menores en condiciones insalubres y el riesgo cierto de incendio por la proximidad a zonas forestales, se dictó un auto judicial que autorizaba el desalojo y desmontaje del asentamiento.

Sin embargo, recalcan que esta actuación, iniciada el pasado 9 de abril, fue paralizada, agravando el riesgo para las personas y bienes afectados, así como de todas las personas que viven en terrenos anexos al poblado.

El Ayuntamiento reitera que ha inicidido en la necesidad urgente de actuación coordinada entre las diferentes administraciones competentes, especialmente dada la existencia de canalizaciones de agua desalada que atraviesan la parcela y abastecen a buena parte de la isla, incluidas zonas hospitalarias, el riesgo de incendio y para el medio ambiente o las irregularidades en materia de inmigración, entre otros graves asuntos.

Sin embargo, asegura que hasta el momento no se ha obtenido respuesta efectiva por parte la dirección insular de la Administración General del Estado en Eivissa y Formentera ni del órgano judicial competente.