El PSIB advierte que PP y Vox hacen peligrar la declaración y protección de la Serra de Tramuntana

La diputada del PSIB-PSOE Mercedes Garrido ha denunciado este martes que el proyecto de ley urbanística impulsado por PP y Vox "pone en serio peligro" la condición de Patrimonio Mundial de la Serra de la Tramuntana, declarada por la UNESCO en 2011.

Este proyecto urbanístico, ha advertido Garrido, abre la puerta a legalizaciones masivas de construcciones ilegales en suelo rústico protegido.

Según ha explicado, las modificaciones introducidas por ambos partidos a través de una enmienda permiten legalizar edificaciones construidas de forma irregular entre los años 1972, cuando la Serra fue declarada paraje pintoresco, y 2007, año de aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).

"Hasta ahora estaba prohibido legalizar construcciones en ese periodo, pero con esta ley se permitirá, incluso en zonas de exclusión donde ni siquiera está permitido pasear", ha advertido la diputada socialista.

Garrido ha señalado que la ley en tramitación nació como un decreto para liberalizar suelo en Palma, pero PP y Vox lo han transformado en una ley que afecta a todo el territorio balear, "sin consenso, sin diálogo con los municipios, y con un proceso legislativo que es la mayor perversión vista en esta Cámara", ha asegurado.

A su juicio, se ha negociado "únicamente" en los despachos del PP y Vox, con la participación de promotores inmobiliarios que tienen intereses directos en los suelos afectados.

Además de los efectos sobre la Serra de Tramuntana, el PSIB denuncia que la norma permitirá la construcción en suelo rústico en municipios de más de 20.000 habitantes sin necesidad de agotar previamente el suelo urbanizable previsto, una medida que, según Garrido, "rompe toda lógica de planificación urbanística y traslada el poder de decisión exclusivamente a los promotores".

La diputada ha advertido también que esta liberalización no resolverá el problema de acceso a la vivienda. "Estamos hablando de promociones donde una vivienda podría costar más de 350.000 euros, a los que habría que sumar impuestos y gastos; no son pisos para las familias trabajadoras", ha afirmado.

"El PP y Vox están a punto de firmar el mayor pelotazo urbanístico de la historia democrática de Balears, y lo hacen a costa del territorio, del medio ambiente y del patrimonio común de todos los mallorquines", ha concluido