El PSOE acusa a PP y Vox de promover "el mayor retroceso urbanístico de Ibiza en 30 años"
Asegura que se amplía la posibilidad de construir en rústico en la mayor parte de la isla
Elena López y Pilar Costa en la rueda de prensa / PSOE
Ibiza
"El mayor retroceso urbanístico en Ibiza en los últimos 30 años". Así valora la diputada autonómica del Partido Socialista, Pilar Costa, el texto definitivo del proyecto de ley sobre vivienda pactado por Partido Popular y Vox en el Parlament Balear para obtener más suelo donde se pueda construir. Primero en Palma y después en el resto de islas.
Desde la FSE denuncian que se amplía la posibilidad de hacer edificios en suelo rústico en todas las áreas de transición de cuatro municipios de Ibiza, con la excepción de Sant Joan, que estén pegadas a suelos urbanos y urbanizables.
Costa, que, junto con la portavoz del PSOE en el Consell, Elena López, han valorado el impacto de la ley, denuncia que ya no será necesario haber agotado el suelo urbano y urbanizable "como reclamaban los arquitectos, entre otros colectivos, para poder construir edificios en rústico".
Dice que con las enmiendas que se han introducido por la puerta de atrás en el Parlament, "se abre todavía más la mano al urbanismo desenfrenado y se entrega la planificación de los municipios a los promotores".
Costa asegura que el gobierno insular ha mentido sobre lo que implica la norma y las consecuencias que tendrá para Ibiza. El vicepresidente, Mariano Juan, ha insistido en que solo se aplicaría la norma "una vez que se hubieran agotado los suelos urbanos y urbanizables".
Críticas también a las últimas modificaciones pensadas únicamente para Vila. Hasta ahora se exigía una circunferencia de 350 metros en la zona de Áreas de Transición y ahora se reduce a 100 para ampliar construcciones en rústico.
Y no solo eso, sino que se aumenta "de manera desorbitada", según el PSOE, la densidad de población en la ciudad de Ibiza, que ya es de las más elevadas, y que ahora pasa a ser de 225 habitantes por hectárea.
Costa denuncia que no se hace reserva alguna de VPO mientras se permite que sean los promotores "los que modifiquen o reduzcan sistemas generales de servicios como escuelas, centros sanitarios o parque infantiles".
Finalmente, segura que se quitan competencias a los ayuntamientos, ya que será el Consell el que apruebe las modificaciones de planeamiento municipal para estos proyectos estratégicos.




