El Colegiado de Abogados de Baleares denuncia las condiciones de los letrados de oficio
Exigen un trato justo en las retribuciones y agilizar los casos en las islas
El decano del colegio de Abogados de Baleares, Martí Aleñar
Palma
El Colegio de Abogados de Baleares denuncia las condiciones de los abogados de oficio en las islas y reclaman una mejora de las retribuciones. Exigen un trato justo en sus ingresos ya que los letrados en Baleares pueden llegar a cobrar hasta 300 euros menos que los profesionales de comunidades autónomas con las competencias transferidas. El Colegio pide más medios para agilizar los casos y reclaman que la Ley de eficiencia afecte a la justicia pública.
El decano del Colegio de Abogados afirma que los letrados de oficio tienen una gran carga de trabajo, ya que ofrecen un servicio 24 horas pero no cobran lo que consideran justo. Martí Aleñar señala que estos letrados "cobran por procedimiento y no por resolución". La horquilla va de los 150 euros en casos de extranjería a los 300 en divorcios.
En 2025, el baremo de las retribuciones se ha incrementado sólo un ocho por ciento, dato que el Ministerio de Justicia rechaza incrementar. Denuncian también que llevan 25 años luchando para lograr un equilibrio entre territorios, además de la falta de organización y seguridad jurídica para el ciudadano. Aleñar afirma que "el Ministerio se desentiende de los desequilibrios en la justicia balear".
Desde el Colegio de Abogados aseguran que "una justicia lenta no es justicia" y que el Ministerio desvía los problemas de Baleares para dar prioridad a otros territorios. Además, protestan por la desprotección del abogado de oficio, lo que consideran, recae en la vulnerabilidad del ciudadano balear. Denuncian que no hay soluciones habilitadas por la ley y que la tutela judicial en las islas se encuentra en peligro. Carmen López, vicedecana del Colegio de Abogados de Baleares, comenta que "no disponen de recursos a diferencia de otras comunidades".
El Colegio de Abogados de Baleares ha activado una comisión junto al Consejo Superior de Abogados donde se replantea una reestructuración del sistema judicial en Baleares.




