Menorca tendría que tener más plazas para aparcar vehículos grandes

Maó

La presencia de autocaravanas en Menorca es cada vez más visible, tanto por parte de residentes como de visitantes que eligen este tipo de vehículo para recorrer la isla. Sin embargo, la falta de infraestructuras adaptadas sigue siendo un obstáculo para quienes conducen vehículos grandes. Mientras los caravanistas afrontan un impuesto de circulación más elevado que los turismos, a menudo se encuentran con la dificultad de no disponer de suficientes plazas de aparcamiento adecuadas.

La cuestión ha generado un debate local en torno a la necesidad de ofrecer soluciones prácticas que no penalicen a quienes optan por esta forma de movilidad y turismo. Las ordenanzas municipales recientes en algunos municipios, como el caso de Ferreries, han puesto de manifiesto que existe un vacío entre las normativas y las necesidades reales de los usuarios de autocaravanas.

Una falta de infraestructuras evidentes

El principal problema que denuncian los caravanistas es la falta de espacios bien dimensionados para estacionar. Aparcar en calles estrechas o en plazas pensadas para turismos convencionales no solo resulta complicado, sino que puede generar sanciones. En la práctica, la isla carece de plazas de aparcamiento suficientes que permitan a los vehículos grandes estacionar con comodidad y sin causar molestias.

La situación se hace más evidente en temporada alta, cuando la llegada de visitantes se intensifica y la competencia por el espacio es mayor. En este contexto, los caravanistas reclaman que se les tenga en cuenta como parte del entramado turístico y social de la isla, recordando que no se trata únicamente de turistas en tránsito, sino también de residentes que utilizan la autocaravana como vehículo habitual.

La falta de plazas específicas obliga a muchos a desplazarse constantemente en busca de alternativas, lo que añade tensión a una movilidad ya de por sí complicada en determinados municipios.

El debate normativo en los municipios

Las recientes ordenanzas de Ferreries han encendido la discusión. El Ayuntamiento incluyó inicialmente restricciones como la prohibición de dormir dentro del vehículo, algo que generó críticas por considerarse una medida fuera de sus competencias. Finalmente, el consistorio se vio obligado a rectificar y matizar el texto, lo que refleja la dificultad de regular un fenómeno en crecimiento sin caer en excesos.

Los caravanistas señalan que sancionar de manera indiscriminada no es la solución y piden a las autoridades locales que diferencien entre quienes cumplen con las normas y quienes no lo hacen. Reclaman, además, un diálogo más directo con la administración que permita establecer reglas claras y justas, evitando generalizaciones que estigmaticen a todo el colectivo.

Un planteamiento más equilibrado permitiría garantizar la convivencia en los espacios públicos sin necesidad de demonizar a los caravanistas, al tiempo que se reconoce el papel económico y social que desempeñan en la isla.

Impacto social y económico

Más allá de los aspectos legales y urbanísticos, la situación de las autocaravanas en Menorca tiene un impacto directo en la economía local. Se calcula que entre 40 y 50 caravanistas residen de forma permanente en sus vehículos en la isla, a los que se suman los visitantes temporales y los trabajadores estacionales que llegan para reforzar la mano de obra en verano.

Este último punto resulta clave: facilitar el alojamiento en autocaravanas para los temporeros puede ser una herramienta útil para garantizar el buen funcionamiento del sector turístico. Si se limitan en exceso las posibilidades de estacionar o pernoctar, se corre el riesgo de reducir la disponibilidad de trabajadores en temporada alta, con las consecuencias negativas que ello podría tener en la economía menorquina.

La convivencia entre residentes, visitantes y administraciones pasa por encontrar un modelo que reconozca la realidad de quienes optan por este tipo de vehículo. El reto para Menorca no es solo regular, sino también ofrecer alternativas que hagan compatible el respeto al entorno y la vida urbana con la movilidad y el uso de autocaravanas.