Aprobada la declaración de emergencia migratoria en Baleares
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno por la necesidad de reforzar la atención humanitaria
Pateras en Formentera
Ibiza
El Consejo de ministros ha aprobado la declaración de emergencia migratoria en Baleares, en respuesta al incremento de personas migrantes llegadas a estas costas a lo largo de 2025 y la necesidad de reforzar la atención humanitaria hacia estas personas.
La declaración, que promueve el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 e incluye distintas actuaciones, entre las que se encuentran la habilitación de los espacios necesarios para garantizar el alojamiento y atención adecuados, servicios de traducción e interpretación, atención médica a las personas atendidas en los recursos de emergencia o atención a las necesidades básicas de alimentación, salubridad y seguridad. Para tal fin, incorpora una inversión de 6,75 millones de euros.
Ante la nueva situación, la secretaria de Estado de Migraciones dictó una resolución, precisamente el pasado mes de agosto, donde se consideraba prioritario que el programa pudiese cubrir estas necesidades con la máxima inmediatez.
Entre la planificación de infraestructuras de acogida, se encuentran dos instalaciones de espacios modulares para la acogida temporal de personas migrantes en tránsito en los puertos de Eivissa y Formentera, de inminente apertura. A estos dos espacios se unirá próximamente un tercero, proyectado en el puerto de Palma. Estas instalaciones, dotadas de servicios de seguridad, higiene y climatización, contemplan también espacios específicos para el alojamiento de mujeres y menores.
El Programa de Atención Humanitaria está dirigido a atender las necesidades básicas de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad por el deterioro físico y la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos, que llegan a las costas españolas o acceden a nuestro país por las ciudades de Ceuta y Melilla.
Es, por tanto, un programa de emergencia cuyo objetivo final es el de garantizar los derechos fundamentales y asegurar el respeto a la dignidad de estas personas.
