Entidades sociales y ecologistas llevan al Constitucional la nueva Ley de proyectos residenciales estratégicos

Las entidades sociales y ecologistas de las Islas Baleares han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de proyectos residenciales estratégicos. La norma, aprobada recientemente por el Parlament balear, permite construir viviendas en suelo rústico y aumentar la densidad urbanística en municipios de más de veinte mil habitantes.

El recurso ha sido impulsado por el GOB y el Fòrum de la Societat Civil, con el apoyo formal de más de cincuenta diputados y diputadas de los grupos Socialista, Sumar y Mixto. Las entidades denuncian que la ley vulnera el marco constitucional, el Estatut d’Autonomia y la legislación ambiental y urbanística básica. Iago Negueruela, secretario general del PSOE en Palma, remarca el papel de los promotores: "Los promotores de Palma le dijeron al Govern de no respetar la autonomía local para hacer lo que queramos y, lo que era un pelotazo para Palma, se ha convertido en uno de los mayores ataques al urbanismo del conjunto de nuestras islas".

Según las organizaciones, la norma vulnera el principio de seguridad jurídica y altera la jerarquía normativa al permitir modificar el planeamiento urbanístico mediante decretos de excepción. Además, advierten de que podría ignorar necesidades básicas como el abastecimiento de agua, beneficiando a promociones urbanísticas que se aprobarían por silencio administrativo. Lluís Apesteguia, representante de Més per Mallorca, reconoce la situación como "lo peor de los urbanismos de derecha".

El recurso se presenta un año después de que el Constitucional admitiera a trámite otro similar contra la Ley de simplificación administrativa. El Govern balear ha defendido en diversas ocasiones que estas normas buscan agilizar los procesos urbanísticos y facilitar el acceso a la vivienda, aunque las entidades sociales y ecologistas consideran que lo hacen a costa del territorio.