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El GOB denuncia ante la Comisión Europea que la ley de obtención de suelo del Govern "atenta contra el territorio"

La entidad ecologista acusa al Ejecutivo balear de vulnerar la normativa ambiental europea y advierte de que las políticas de desregulación agravan la crisis climática

Palma

El GOB ha denunciado ante la Comisión Europea que algunas normas aprobadas por el Govern como la ley de simplificación administrativa o la que facilita la obtención del suelo vulneran la normativa ambiental europea.

La entidad ha acusado al Ejecutivo balear de impulsar leyes que suponen un "atentado contra el territorio" y que agravan la crisis climática.

La portavoz del GOB, Margalida Ramis, ha asegurado que estas normas desmantelan las garantías ambientales y abren la puerta a nuevos crecimientos urbanísticos.

Además, ha explicado que no se tiene en cuenta la disponibilidad del agua, un recurso que, defiende, ser clave para hacer frente a la emergencia climática.

"Es un suicidio incidir en nuevos crecimientos cuando los recursos del agua no están garantizados. Las políticas europeas en lo que se enfocan es en la recuperación de los acuíferos y garantizar que en el futuro haya margen en su disponibilidad", ha señalado.

Ramis, ha explicado que esta denuncia completa la ofensiva jurídica que el GOB ha presentado contra los decretos de Prohens, junto con los dos recursos presentados ante el Tribunal Constitucional y otro ante ICOMOS por los efectos de la serra de Tramuntana.

Francina Mas, miembro de la entidad ha advertido que el Govern vulnera principios ambientales básicos y derechos reconocidos por las Naciones Unidas.

"El agua no es una mercancía sino un derecho humano fundamental y eso obliga, según la ONU, a crear unas políticas para proteger las masas de agua dulce y garantizar el agua para el consumo humano, flora y fauna antes que para los negocios".

Mas ha denunciado que hay un incumplimiento descarado de la ley estatal. "Hay una serie de principios y se vulneran todos", ha concluido.

El GOB sostiene que las normas del Ejecutivo balear vulneran el derecho ambiental europeo y advierten que suponen una regresión sin precedentes en la protección del territorio y de los recursos naturales de Mallorca.

 

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