El Govern detecta pagos indebidos de la renta social que podrían alcanzar los 2,4 millones de euros

Palma

El Govern ha detectado pagos indebidos de la Renta Social Garantizada (Resoga) que podrían oscilar entre los 1,6 y los 2,4 millones de euros que los beneficiarios tendrán que devolver a la administración.

Lo ha explicado este lunes la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, que ha dado a conocer en rueda de prensa las principales conclusiones de la auditoría interna que se encargó sobre esta prestación y de una primera revisión de un total de más 4.000 expedientes correspondientes al sistema de gestión Resoga 20.

En relación a un anterior sistema de gestión de la prestación, el Resoga 16, la consellera ha explicado que tras un cruce masivo de datos en diciembre de 2022 y la revisión de más de 2.300 expedientes ya se detectaron pagos indebidos por un total de 211.000 euros.

"La gravedad no es que se suspendan, es que no se notificaba y dejaba en un limbo a las personas beneficiarias", ha explicado la consellera en referencia al anterior equipo de gobierno y ha criticado igualmente la figura de la declaración responsable, que aunque, según ha defendido, puede ser útil en algunas circunstancias, no lo es para esta prestación por la carga de responsabilidad que genera en colectivos vulnerables y que suelen desconocer el funcionamiento de la administración.

La consellera no ha concretado cuantas personas podrían verse afectadas dado que el titular del expediente no se corresponde con el número de ciudadanos que se ven finalmente beneficiadas.

La revisión y notificación de los expedientes irregulares, ha explicado, ha sido una de las primeras actuaciones impulsadas por el departamento tras acceder al gobierno en el verano de 2023 junto al encargo de una auditoría tras el "caos" detectado.

En relación a las principales conclusiones de la auditoría interna, Fernández ha apuntado a irregularidades "estructurales acumuladas durante años" relacionadas, por ejemplo, con una gestión informática deficiente, una mala conexión con otras administraciones para el cruce de datos, suspensión de expedientes sin notificar, inseguridad jurídica o pagos indebidos prolongados.

La consellera ha llamado especialmente la atención sobre la constatación de cobros de la prestación fuera de Baleares por falta de control en la residencia, así como pagos a beneficiarios sin NIE que reveló un informe de la Dirección General del Tesoro ya en el 2021.

Ante este escenario, ha señalado, el Govern está preparando una nueva instrucción general que recoja todas las recomendaciones de la auditoría y clarifique los procesos. También se elaborará un manual de gestión integral para el personal y una guía para otras administraciones y entidades para poder contar con una información clara, fiable o unificada.

Fernández ha explicado igualmente que antes de final de año se ejecutará el plan anual de revisión, que no se había realizado hasta ahora.

También se está trabajando en el diseño de una nueva aplicación de gestión informática más completa, con más funciones y vinculada a la historia social única.

El Govern, ha explicado, está revisando los expedientes uno a uno con un nuevo sistema de control y con un equipo humano reforzado de hasta 47 personas dedicadas a la gestión de la prestación "para compensar un sistema informático deficiente".

CAMBIOS EN LA LEY

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha recordado la intención del Ejecutivo autonómico de impulsar, si cuenta con los apoyos parlamentarios para ello, de modificar la ley y, entre otras cuestiones, volver a los tres años de residencia mínima exigida para acceder a la prestación, no exigir la denegación previa del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y clarificar los requisitos.

También se quiere ampliar el tiempo de resolución a seis meses para desbloquear la revisión de los expedientes y evitar el colapso del sistema.

Fernández ha anunciado que ha solicitado comparecer en comisión parlamentaria para dar cuenta de la gestión de la prestación.