PortsIB mantiene abierto el proyecto de reforma del puerto de Addaia pese a que su declaración de impacto ambiental expiró hace casi tres años

Maó

Ports IB mantiene con vida un expediente de ampliación del puerto de Addaia, en Menorca, cuya declaración de impacto ambiental hace dos años y medio que expiró al no obtener el informe favorable de Costas. El proyecto ya debería estar ya archivado por ley, pero es que, además, involucra directamente a una empresa vinculada a la familia del conseller de la Mar, Juan Manuel Lafuente.

El proyecto, que proponía un aumento importante de sus instalaciones portuarias, obtuvo en 2015 la Declaración de Impacto Ambiental autonómica, pero no consiguió el informe favorable de la Dirección General de Costas, con lo cual no pudo aprobarse.

De acuerdo con la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, si transcurridos seis años desde la aprobación de la declaración ambiental no se ha dado inicio a las obras, el expediente debe ser archivado.

La Comisión de Medio Ambiente ya dictaminó en marzo de 2023 que el plazo legal de validez de la declaración de impacto ambiental había expirado. Pero la última palabra la tiene PortsIB, porque la propia Ley dictamina que corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de la declaración, velando por el cumplimiento sus prescripciones y procedimientos ambientales. El órgano sustantivo es PortsIB, que depende directamente del conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente.

De hecho, el grupo ecologista GOB ha escrito en reiteradas ocasiones a PortsIB pidiendo que se declare ya la caducidad del procedimiento ambiental y, por tanto, se dé por cerrado el expediente, pero, por el momento, no ha habido respuesta.

Por otra parte, el Consejo de Administración de PortsIB del 19 de diciembre de 2024 aprobó las tarifas máximas aplicables en los puertos autonómicos que se cobran a los usuarios. También, en este caso, a los del puerto de Addaia y que gestiona la empresa que se cita en esta noticia y de la que es parte Lafuente.

El Govern no revela el voto de Lafuente para prorrogar la concesión

La polémica sobre el Puerto de Addaia ha vuelto recientemente al Parlament a raíz de la admisión a trámite de la modificación de la Ley de Puerto, una iniciativa legislativa de PP y Vox en la que el PSIB observa intereses personales directos por parte de Lafuente.

Aquí se pretende ampliar el periodo de concesión de los actuales 35 años a los 50, o incluso a los 75 de manera excepcional si se cumplen determinados requisitos. La concesión actual de Addaia SA finaliza en 2037, por lo que, de aprobarse la modificación, podría ampliarse hasta el año 2052 o, incluso, 2077.

Cabe recordar que la Ley de buena administración y buen gobierno establece el deber de inhibición o abstención de los miembros del Govern y sus altos cargos en la toma de decisiones en las que tengan o puedan tener intereses personales.

Los socialistas pidieron por escrito la copia del acta del Consell de Govern del pasado 12 de septiembre, indicando expresamente el voto de cada uno de los consellers respecto a la proposición de ley de modificación de la Ley de Puertos.

La demanda de los socialistas obtuvo por respuesta que la ley establece el carácter secreto de las opiniones y votos del Consell de Govern, con lo cual no se despeja la duda sobre las posibles incompatibilidades del conseller Lafuente en las actuaciones referentes a la gestión del Puerto de Addaia, aunque desde el PSIB lo dan por hecho.