Más de siete mil ecuatorianos residentes se citan con las urnas en uno de los años más difíciles de su democracia

Palma

Alrededor de 7.300 ecuatorianos residentes en Baleares están llamados a las urnas este domingo en el Casal de Barri de s'Escorxador, en Palma, de nueve a siete de la tarde, para participar en la consulta que tiene lugar en su país. Se trata, por una parte, de una consulta popular para tratar aspectos relativos a representatividad, financiación política y defensa, mientras que también tendrá lugar un referéndum por la posibilidad de elaborar una nueva Carta Magna.

El cónsul del país latino en Baleares, Julio César Lalama, tiene la expectativa de que se pueda aumentar la participación de la población residente en las Islas hasta el 60%. El total supera las 21.000 personas, pero son poco más de 7.300 los que están censados.

Actualmente, Ecuador vive uno de los años más violentos de su historia democrática, con más de 6.000 asesinatos y con continuas protestas sociales, encabezadas, especialmente, por comunidades indígenas y estudiantes, quienes acusan al Gobierno del derechista Daniel Noboa de violar los derechos humanos.

En la consulta que este domingo se celebra se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo en mantener la obligación actual de que los partidos se financien con dinero público, y, en segundo lugar, si se debe reducir el número de asambleístas nacionales de 151 a 73, menos de la mitad.

Admite Lalama que es cierto que esto puede implicar una infrarrepresentación en algunas regiones. Por poner un caso parejo, la provincia de Madrid cuenta con 37 escaños en el Congreso de los Diputados del total de 350, mientras que Baleares tiene ocho. Son cifras ajustadas a la proporción de la población; por tanto, si se redujera el número de diputados sin razones demográficas y se le restan a Madrid pero no a las Islas, implica que un voto en Baleares valdría más, que un diputado madrileño necesitaría más papeletas que uno balear para entrar en el Congreso.

Sin embargo, la tercera cuestión, la más espinosa, está en si debe eliminarse la prohibición que existe desde 2008 de que ningún país extranjero establezca bases militares en territorio ecuatoriano. Preguntado por esta última cuestión, Lalama evita pronunciarse claramente por su cargo de diplomático, pero admite que uno de los países interesados podría ser Estados Unidos y que la llegada de bases extranjeras podría ayudar a reducir la ola de violencia y la presencia de los cárteles.

Por otra parte, Isabel Oviedo, presidenta de la Asociación Cultural Ecuatoriana Iberoamericana, explica que asisten con pena al panorama que actualmente vive su país y espera, igualmente, una gran participación.