El GEN advierte a los ayuntamientos de Ibiza que tendrán 'problemas' si autorizan proyectos en rústico con la ley recurrida ante el Constitucional
El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso contra la normativa que regula los 'proyectos residenciales estratégicos'
Panorámica de la zona de Santa Eulària / Cadena SER
Ibiza
El grupo ecologista GEN advierte a los ayuntamientos de Ibiza de las responsabilidades a las que se enfrentarán en caso de que prospere el recurso en el Tribunal Constitucional contra la Ley balear que regula los llamados ‘proyectos residenciales estratégicos’.
Recordemos que esta norma urbanística permite construir en suelo rústico sin dotación de servicios previos en municipios de más de 20.000 habitantes, en las llamadas áreas de transición.
También abre la puerta a las edificaciones en suelo urbano y urbanizable en los que tengan más de 10.000 habitantes.
Una vez que el Constitucional ha admitido a trámite el recurso impulsado por entidades ciudadanas con el respaldo de diputados de la izquierda, los conservacionistas lanzan un aviso a navegantes a las corporaciones locales. Recalcan que si se declara la inconstitucionalidad de la norma, los gobiernos locales que hayan autorizado proyectos "tendrán un problema porque deberán hacer frente a las presiones y reclamaciones de los promotores".
Asimismo, el GEN destaca que también se encuentra en consideración en el Constitucional, otra ley balear, en este caso la de medidas urgentes y simplificación administrativa. Se abre la puerta a legalizar viviendas fuera de ordenación en suelo rústico.
Los conservacionistas señalan que el Parlament balear con los votos de Partido Popular y Vox está generando nuevos textos legislativos que apuntan de manera reiterada hacia el suelo rústico.
En el último recurso que se ha admitido a trámite se destaca que se rebaja la protección del suelo rústico y representa una amnistía encubierta de actividades y edificaciones que en condiciones ordinarias habría sido declaradas ilegales, lo que genera desigualdades entre los ciudadanos.
Además, aseguran que afecta a la autonomía municipal e insular ya que impone mecanismos que desdibujan la competencia de ayuntamientos y consells en favor de intervenciones externas y proyectos estratégicos decididos a nivel autónomico.
