Nuevas normas subsidiarias en Sant Josep que crean más suelo industrial en el municipio

Ibiza

Adiós a las normas subsidiarias de Sant Josep aprobadas en 1986 y que han sido motivo de escándalos urbanísticos, detenciones de alcaldes, registros en el Ayuntamiento, inseguridad jurídica y muchos litigios

La Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico (CIOTUPHA) ha dado luz verde a la suspensión parcial del planeamiento vigente hasta ahora y la aprobación inicial de unas normas provisionales pactadas por los gobiernos del Consell y Ayuntamiento de Sant Josep en la pasada legislatura. En la votación se han abstenido los grupos del PSOE y Unidas Podemos.

El presidente del Consell, Vicent Marí, que ha lamentado "esa falta de consenso" de todos los grupos políticos, estima que en un plazo de seis a nueve meses estas normas provisionales pueden estar aprobadas definitivamente. Se abre ahora un periodo de exposición pública de 20 días.

Con esta aprobación inicial, Sant Josep dispondrá de un instrumento que corrige problemas históricos y da cobertura a necesidades reales del municipio.

Las nuevas normas incorporan, por primera vez más suelo industrial tal y como reclaman los empresarios. Serán nueve hectáreas en torno al eje del aeropuerto.

Además, se prohíbe el alquiler turístico en edificaciones plurifamiliares del suelo urbano, lo que permitirá iniciar mecanismos urbanísticos en la lucha contra el alquiler turístico ilegal, como en otros municipios.

También redefinen el alcance del suelo urbano y urbanizable del municipio, que pasa de las 2.162 hectáreas del antiguo planeamiento a 1.310 hectáreas, una reducción del 47,8%.

Por otra parte, reduce el techo de población hasta los 43.720 habitantes en las áreas urbanas, aunque el techo real se sitúa en 31.702 habitantes en las zonas donde se pueden conceder licencias de forma directa, quedando el resto condicionado a la disponibilidad acreditada de recursos hídricos.

Asimismo, incluye terrenos para nuevos equipamientos, nuevo cuartel de la Guardia Civil en Can Burgos, espacios culturales y deportivos en Cala de Bou y suelo para el futuro desdoblamiento del centro educativo de Sant Jordi.

Marí, ha subrayado que esta decisión era "imprescindible para proteger el interés general, dar seguridad jurídica y asegurar que San Josep disponga de un planeamiento viable mientras se elabora el nuevo Plan General".

El alcalde de San Josep, Vicent Roig, dice que las Normas dan una posible salida al problema de los apartamentos Don Pepe y destaca que era fundamental "reducir la presión sobre el suelo rústico".

Roig ha destacado también que se ha logrado un instrumento equilibrado, "que mejora la funcionalidad urbana y refuerza la calidad de vida sin incrementar el crecimiento".