Condenados a 28 años de prisión los principales acusados de Lujo Casa

Palma

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a 14 años y nueve meses de prisión a Carlos García Roldán, conocido como 'Charly' y considerado cabecilla de la trama por los delitos de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Igualmente, se ha impuesto una pena de nueve años a su socio, Michelle Pilato, por estafa agravada, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, y de cuatro años de cárcel al supuesto constructor por pertenencia a grupo criminal y como cómplice en los delitos de estafa y blanqueo. La Sala ha absuelto a otros tres implicados.

La sentencia, consultada por Europa Press, concluye que la sociedad Lujo Casa no era titular registral de los solares anunciados, disponiendo en algunos casos solo de contratos de opción de compra que en ocasiones no se ejercitaron; no había obtenido licencias de obra nueva, existiendo únicamente proyectos básicos en algunas promociones; no había contratado avales bancarios ni seguros de caución para garantizar las cantidades anticipadas; y no había abierto ni ingresado las cantidades anticipadas en cuentas bancarias especiales separadas.

La macroestafa estaba inmobiliaria dejó unos 3,3 millones de euros estafados a más de 230 afectados en une treintena de promociones inmobiliarias que no se ejecutaron.

"Los compradores confiando en la apariencia de solvencia y profesionalidad creada mediante el establecimiento de oficinas abiertas al público, la publicidad en portales inmobiliarios, carteles en solares y documentación contractual, entregaron cantidades a cuenta del precio mediante transferencias, ingresos en efectivo y otros medios de pago, por importes individualizados que oscilaron entre 5.000 euros y más de 100.000 euros, sumando en conjunto más de 3,3 millones de euros 3.382.529,95 euros", dice la Sala.

Para las magistradas, no se trata de un simple proyecto inmobiliario frustrado por avatares económicos o administrativos. "Muy al contrario, se ha puesto de manifiesto la existencia de una estructura defraudatoria diseñada, refinada y mantenida en el tiempo", apuntan.

Considera la Sala que se aprecia una captación masiva de fondos de compradores sin la infraestructura jurídica ni económica necesaria para atender los compromisos asumidos y, por tanto, "con conocimiento pleno desde el inicio de que no se iba a cumplir con los contratos con los compradores".

La sentencia, además, valora las declaraciones de los centenares de perjudicados que, en muchos casos, entregaron cantidades a cuenta del precio, en ocasiones muy significativas en relación con sus patrimonios como ahorros de toda una vida o dinero obtenido tras la venta de la vivienda anterior.

La responsabilidad civil fijada supera de largo los dos millones de euros a falta, todavía, de que varios perjudicados determinen el acrediten el perjuicio generado.

Una treintena de promociones

La trama prometía una treintena de promociones en varios puntos de Mallorca como Palma, Algaida, Marratxí y Llucmajor. Se dieron casos, recuerda la sentencia, de personas que abandonaron la vivienda que ocupaban de alquiler a cambio de la promesa de recibir una vivienda de alguna de las promociones o una compensación económica, y que nunca recibieron ni la vivienda ni compensación, perdiendo la posesión y sufriendo perjuicios patrimoniales de miles de euros.

La Sala señala que desde el inicio de la actividad de Lujo Casa existió un desequilibrio "relevante y persistente" entre los ingresos reales y los contabilizados, de modo que, en el ejercicio 2016, según los extractos bancarios y la contabilidad parcial, los pagos reflejados contablemente ascendían a 632.693 euros, mientras que las salidas de dinero de las cuentas superaron 1,5 millones de euros.

En el mismo ejercicio, los cobros o ingresos contabilizados fueron 662.161 euros, frente a cobros reales también superiores a 1,5 millones, sin que dicha diferencia quedara justificada ni regularizada contablemente.

Las magistradas apuntan igualmente a numerosos reintegros en efectivo no justificados desde las cuentas bancarias hechos por el principal acusado o personas de su confianza. Estas salidas, entre 2016 y 2018 rozaron el millón de euros.

Además, se realizaban gastos no justificados y ajenos a la actividad promotora mediante de uso de tarjetas vinculadas a dichas cuentas, con cargos que ascendieron a 311.000 euros en conceptos varios como viajes, hoteles, restaurantes, ropa, perfumerías, centros de estética, locales de ocio y juego de azar.

Sólo algunos proyectos básicos

La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial argumenta que pese a los compromisos asumidos con la firma de los contratos de reserva y compraventa, Lujo Casa no llegó a iniciar la construcción en prácticamente ninguna promoción.

Sólo consta una licencia de demolición o algunos proyectos básicos, sin que se presentaran proyectos de ejecución ni se obtuvieran licencias de obra nueva, ni se contrataron empresas constructoras.

Desde su constitución, insisten las magistradas, la sociedad se encontraba infracapitalizada y carecía de recursos propios o fuentes de financiación para afrontar los costes de las promociones estimadas en 34,5 millones de euros.

Primeras reclamaciones

Con ocasión de las primeras reclamaciones, en los primeros meses de 2017 se devolvieron parcialmente algunos anticipos, pero desde octubre de 2017 se produjo un sobreseimiento general de pagos, cesando la actividad real y manteniéndose únicamente contactos esporádicos con clientes para aparentar continuidad de los proyectos.

Es en este punto, cuando la sentencia señala que 'Charly' incumplió el deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores dentro del plazo legal. Sin embargo, en su lugar, mantuvo la captación de nuevos compradores y empeoró la situación financiera de la sociedad al gravar con hipoteca tres inmuebles de la sociedad, sin destinar el importe a la ejecución de obras ni a la devolución de anticipos.

En marzo de 2018, tras las primeras denuncias, el principal condenado abandonó España y se trasladó a Colombia, donde fue detenido y extraditado.

La Sala sitúa a García Roldán y a Pilato como cabecillas e insiste en que actuaron de forma coordinada, estable y prolongada en el tiempo, con reparto de funciones previamente asumido, integrándose en una estructura organizada que, bajo la cobertura de las sociedades mercantiles y nombres comerciales indicados, tenía como finalidad la captación sistemática de compradores y la obtención de cantidades anticipadas.

Respecto al tercero, que actuaba como supuesto constructor, cree que mantuvo una relación de confianza con los primeros en la generación de una apariencia de solvencia empresarial cuando era sabedor de que no se estaban llevando a cabo las promociones ofertadas. Según la Sala, participó en gestiones relativas a solares y estuvo presente en reuniones con compradores, siendo presentado ante algunos de ellos como el constructor de las promociones para dar apariencia de solvencia técnica, pese a que la sociedad carecía de medios propios para ejecutar las obras.