Sin acuerdo en la audiencia previa contra los exalcaldes, José Sala y Pepita Gutiérrez, por el caso aparcamientos de Sant Antoni
La acusación se plantea retirar el delito de malversdación y ya no pide una fianza millonaria
Imagen del aparcamiento de la plaza Espanya / MED CAPITAL
Ibiza
Sin acuerdo de conformidad en la audiencia previa contra los exalcaldes de Sant Antoni, José Sala y Pepita Gutiérrez, del Partido Popular por el caso de los aparcamientos disuasorios del casco urbano por el que serán juzgados.
Ambos han comparecido este viernes ante la jueza de lo Penal del juzgado de Ibiza, Clara Ramírez de Arellano, en el último trámite antes de que se fije la fecha de celebración del juicio.
Y la primera empresa concesionaria del parking de la plaza Espanya ,que ejerce la acusación popular, ha anunciado que se plantea la retirada de uno de los delitos que les imputa, el de malversación.
El abogado ha dicho que hablará con sus clientes después de que se haya explicado en la audiencia judicial que no puede imputar este delito Así que tendrá que volver a presentar un nuevo escrito en cuestión de días y se tendrá que convocar otra audiencia previa para fijar la fecha de juicio.
Por otra parte, ya no pide una fianza de 26 millones de euros para los procesados.
Hay que recordar que además de Sala y Gutiérrez se sentarán en el banquillo cinco exconcejales del Ayuntamiento que también han comparecido hoy: Juan Pantaleoni, Josefa Costa, José Torres, Vicente Ribas y Vicente Costa
La primera empresa concesionaria del parking subterráneo denunció hace años al gobierno local por no cerrar varios aparcamientos disuasorios gratuitos. Mantiene la imputación del delito de prevaricación y una inhabilitación especial de nueve años para empleo de cargo público para los procesados.
La Fiscalía no ha presentado escrito de acusación al considerar que no existen "indicios suficientes" de la comisión del delito de prevaricación.
La empresa subsuelos Urbano obtuvo en 2006 la concesión para la construcción y explotación de un aparcamiento soterrado en el casco urbano por un periodo de 75 años.
Pero argumenta que desde que se inició la explotación se constató que se mantenían y se iban abriendo diversos aparcamientos públicos, gratuitos, sin licencia. Entre otros, los de ses Variades, Antoni Riquer 44 y 17,y en el polígono 9.
Por ese motivo exigieron a los responsables políticos sin éxito su cierre y acabaron recurriendo a los tribunales. Alguno de los expolíticos llevan 11 años imputados en este caso.
Los exalcaldes de San Antoni, siempre han negado que tuvieran la obligación de cerrar estos parkings disuasorios.
Han aportado informes técnicos que decían que los parkings podían estar abiertos con los convenios que se hacían con los propietarios de los solares, ya que no pagaban el IBI. También por la vía urbanística podían estar abiertos.
