Roig dice que la declaración de ruina del edificio Don Pepe en Sant Josep "está en suspenso"

Ibiza

El pleno extraordinario y urgente del Ayuntamiento de Sant Josep ha dado luz verde por unanimidad al inicio de un proceso de negociación de la vía judicial abierta con las familias de los apartamentos Don Pepe, desalojadas hace cuatro años tras declararse la ruina del edificio.

Para el gobierno local se inicia un camino que de una vez por todas otorga seguridad jurídica y que debe concluir con el retorno a sus casas, Sin embargo, para el principal partido de la oposición, hoy por hoy es inviable otorgar licencia de obras para rehabilitar los inmuebles y sigue sin darse una solución a las familias.

La sesión plenaria ha acordado facultar al alcalde, Vicent Roig, a comenzar a negociar con la representación legal de las familias en torno a los contenciosos abiertos sobre la declaración de ruina y sobre el desalojo.

Este lunes ya está prevista una primera reunión. Un grupo de vecinos de los apartamentos desalojados han asistido a la sesión y esta tarde se celebra una asamblea con todas las familias afectadas para analizar el nuevo escenario.

Voluntad política

Roig se apoya en el informe técnico y jurídico que ha solicitado el gobierno en el que se concluye que el edificio puede ser rehabilitado con un coste no inferior a los 3,7 millones de euros, lo que implicaría de media unos 70.000 euros por cada apartamento. Sobre la concesión de licencia ha vuelto a lamentar que en la pasada legislatura faltara "voluntad política" para otorgar el permiso urbanístico porque según Roig, se lo ponían en bandeja sendos informes del Govern y del Consell de Ibiza. Eso si, ha reconocido que con la normativa actual no se podría dar licencia como se hizo en 1964 para construir los apartamentos Don Pepe en pleno parque natural de Ses Salines.

Expediente de ruina en suspenso

El alcalde ha recalcado que algún día se sabrá porque no se quiso dar y ha pedido que se destierre de una vez el argumento de la “especulación o que había cosas negras detrás. Roig afirma que el proceso de transacción jurídica que ahora se inicia pone más fácil volver atrás “ ya que la propia declaración de ruina está en suspenso”.

Jurídicamente imposible

Sin embargo, la portavoz del PSOE, Pilar Ribas, ha alertado que el informe jurídico deja claro que hoy por hoy es "imposible" la concesión de una licencia, si no se derriba antes la última planta del edificio. Ribas ha lamentado que el gobierno haya estado dos años y medio sin hacer nada e insiste en que la mejor alternativa para las familias es la construcción de un nuevo edificio en la zona de Sant Jordi, en un solar que sigue figurando en las normas urbanísticas provisionales aprobadas hace unos días.

Ribas afirma que a día de hoy no hay informe urbanístico alguno que permita vislumbrar una posible reversión del expediente de declaración de ruina hace cuatro años que se aprobó en base a informes técnicos que avalaron la salida de las familias por su seguridad.

La portavoz progresista cree que el alcalde se equivoca con la línea que ha emprendido porque las leyes no se han modificado y la posibilidad de dar una licencia es “jurídicamente imposible porque se tendría que demoler lo que se ha hecho antes”. Y desliza que el Govern y el Consell "le han dejado solo en todo este proceso".

Apuntalar el edificio

El concejal de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, dice que lo más urgente según el informe técnico es apuntalar otras zonas del edificio desalojado y acordonar la fachada porque hay un peligro real de que caigan cascotes en la zona donde aparcan los coches.

La concejala de Vox, Araceli Colomar, ha sido la que más claro parece ver que es viable rehabilitar los apartamentos Don Pepe en base a ley de simplificación administrativa que permite las obras de legalización en edificios fuera de ordenación.

Ayudas al alquiler

El alcalde, ha resaltado que junto con el Govern se prorrogan también las ayudas al alquiler a las familias desalojadas hasta 2028. Ha celebrado que se haya logrado la unanimidad para iniciar este proceso “ que permita dar seguridad jurídica y técnica a las actuaciones que permitan resolver el problema”.

Roig afirma que con esta transacción jurídica se podrán acordar “soluciones rápidas y menos costosas que con un largo contencioso”. Cualquier propuesta que se haga se tendrá que ratificar posteriormente en pleno”.