El GOB denuncia la conversión de las playas de Palma en un "producto de lujo" por el incremento de las tarifas
'Las políticas públicas no pueden convertir las playas en un producto de lujo ni expulsar del uso cotidiano de los residentes'
Palma
El GOB ha denunciado públicamente la conversión de las playas de Palma en un "producto de lujo" que "expulsará" de su uso cotidiano a los residentes ante el incremento de las tarifas de servicios.
La entidad, según ha informado en un comunicado, ha presentado alegaciones al estudio económico de explotación de los servicios de temporada alertando que no son tarifas aprobadas y que la subida que contemplan es "desorbitada".
Los precios de los servicios de playa, han incidido los ecologistas, son precios públicos y por lo tanto no pueden ser modificados de manera discrecional. Cualquier actualización debe realizarse mediante una ordenanza municipal, siguiendo su procedimiento legal correspondiente y publicándolas en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).
Para el GOB, las tarifas planteadas evidencian un modelo de gestión "pensado principalmente para el turista, que puede asumir precios cada vez más elevados, pero que olvida a la gente que vive en Palma y que hace uso de las playas durante todo el año".
"Las políticas públicas no pueden convertir las playas en un producto de lujo ni expulsar del uso cotidiano de los residentes. Son un espacio público y sus servicios deben ser accesibles, claros y ajustados a la legalidad", ha subrayado.
Según los datos aportados por la entidad, el precio de las hamacas y las sombrillas aumentarían en cuatro euros hasta los diez, las cajas fuertes otros cuatro euros hasta los cinco, las hamacas 'premium' 15 hasta los 45 o las embarcaciones a motor 25 hasta los 55.
'Precios encubiertos'
Los ecologistas han apuntado que estos incrementos "no son un hecho aislado ni puntual", sino que forman parte de una dinámica que ya se ha visto con anterioridad.
El pasado mes de septiembre, por ejemplo, se denunció formalmente las tarifas de las hamacas y sombrillas de Cala Major, que supuestamente incumplían las condiciones autorizadas.
"Este precedente demuestra que el problema no es solo cuál es el precio que se propone sobre el papel, sino cómo se garantiza que los precios autorizados se cumplen realmente y que no se aplican incrementos encubiertos o fuera del marco legal", han sentenciado.
