El Gobierno ha heredado en Baleares 597 viviendas de la SAREB que pondrá en el mercado de alquiler a un precio asequible

Palma

El Gobierno ha heredado en Baleares 597 viviendas de la SAREB, conocido como el banco malo y las pondrá en el mercado de alquiler a un precio asequible a través de la nueva empresa pública Casa47. De momento se desconoce el estado en el que se encuentran esas viviendas pero la intención es ir poniéndolas a disposición de los residentes a lo largo de este 2026. A día de hoy no hay ninguna todavía para poder acceder en Baleares.

Palma es el municipio que más aglutina de esas 597 casas. En la capital balear hay 177. En segundo lugar está Máo con 72, Alaior con 64 y Sa Pobla con 55. Son 32 municipios que cuentan con, al menos una vivienda. En las Pitiusas es donde menos disponibilidad hay con apenas 3 viviendas, dos en Sant Josep y una en Sant Antoni. Por islas, Menorca suma 167, Pitiusas, como decimos, 3, y 427 en Mallorca. Es sólo una primera parte de la vivienda que gestionará el Gobierno y que procede de la SAREB. Esta empresa pública también aglutinará todo el ciclo inmobiliario: urbanización, construcción y gestión.

Reparto por municipios

Palma (177), Maó (72), Alaior (64), Sa Pobla (55), Inca (23), Santa Margalida (21), Manacor (20), Alaró (18), Son Servera (17), Es Castell, (16), Alcúdia (15), Ciutadella (14), Pollença (10), Sant Llorenç des Cardassar (9), Felanitx (9), Llucmajor (8), Binissalem (8), Marratxí (8), Artà (7), Santanyí (6), Capdepera (5), Andratx (2), Búger (2), Sóller (2), Sant Josep de sa Talaia (2), Calvià (1), Lloseta (1), Mancor de la Vall (1), Es Mercadal (1), Sant Antoni de Portmany (1), Selva (1) y Sineu (1).

Objetivo: 'construir un nuevo parque estatal de vivienda'

Leyre Iglesias, presidenta de Casa47 explica aquí en la SER que, en toda España, se quieren poner en marcha este 2026 cerca de 13 mil alquileres lo que, admite, es una cifra muy baja para lo que realmente se necesita. En cualquier caso, explica, se trata de implantar un modelo a largo plazo de construir un parque estatal de vivienda.

Habla Iglesias de alquileres a precios asequibles. Preguntada por a qué se refiere con asequibles asegura que serán los precios que marca la ley estatal de vivienda. Es decir, irán en función de la renta de cada municipio pero siempre será "muy por debajo del precio de mercado". El objetivo es destinar menos del 30% de los ingresos. Los beneficiarios serán aquellos que ingresan al año entre 16.800 y 63.000 euros.

Insiste Iglesias en que aumentar la oferta sin ningún tipo de regulación no va a dar resultados y confía en ir incrementando el parque de vivienda de tal forma que con un límite en los precios haga que los alquileres vayan bajando en esas zonas donde la oferta crezca de manera importante.

Baleares tiene ahora mismo un déficit importante de vivienda pública que le lleva a tener una lista de espera de 10 mil familias en el IBAVI y según datos de Eurostat, nuestra comunidad necesitaría en los próximos años cerca de 45 mil vivienda públicas en régimen de alquiler.

¿Cuáles son los requisitos para conseguir un alquiler público asequible?

El objetivo es llegar al 60% de la población. Las ofertas van dirigidas a quienes cobran rentas situadas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples): es decir, entre 1.200 y 4.500 euros mensuales. Desde el ministerio recuerdan que las rentas inferiores, reciben apoyo a través de otros mecanismos de vivienda social, y las personas con rentas superiores se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado libre.

Sus ofertas se dirigirán "al conjunto de la clase media y trabajadora", según apuntan desde el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

¿Cuánto tiempo puedo estar alquilado?

Los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso a la vivienda. El contrato cuenta con una primera fase de 14 años de duración. Si después de ese tiempo se siguen cumpliendo las condiciones, se formaliza una segunda fase con prórrogas automáticas de 7 años sujetas al cumplimiento de una mayoría de las condiciones de acceso.