La Audiencia Provincial ordena seguir el procedimiento contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí

Ibiza

La Audiencia Provincial de Palma reabre parcialmente el caso contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí por presuntas irregularidades en un contrato de promoción turística en época de pandemia y denuncias de acoso por parte de la que fuera interventora de la institución.

En el auto dictado el 22 de diciembre de 2025, al que hemos tenido acceso, la Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la acusación que ejerce el PSOE y por la exinterventora y revoca el sobreseimiento provisional de la causa acordado en diciembre de 2024 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza.

Los hechos se remontan a 2020, cuando, por decreto de Presidencia de Vicent Marí, el Consell Insular de Ibiza adjudicó un contrato para la grabación de un vídeo de la campaña turística ‘La vida islados’ por un importe de casi 250.000 euros a la empresa Fuera Escena Ibiza S.L., justificando la ausencia de concurso público por la situación de emergencia derivada del estado de alarma de la Covid-19 y la necesidad de remontar la situación del sector debido a la crisis sanitaria.

La Sala ordena que el procedimiento continúe, remarcando que “si las relaciones personales existentes entre Vicent Marí y las personas que formaron parte de Fuera de Escena S.L. tuvieron o no relación directa con la adjudicación del contrato, será una cuestión a dilucidar en el seno del juicio oral”.

Según el auto de la Audiencia Provincial, en la contratación no consta la documentación mínima exigible para justificar la adjudicación directa. La Sala destaca que “no consta ese control respecto de Fuera de Escena S.L.” y que existen indicios de una adjudicación realizada “sin seguir los trámites esenciales del procedimiento administrativo”.

Textualmente, la Sala asegura que "no puede compartir los argumentos del Auto combatido en cuanto a la adjudicación del Contrato de Fuera Escena SL. Tanto el Auto como las partes se han centrado, principalmente, en combatir o defender sus respectivas tesis, en cuanto a si el procedimiento de emergencia podía o no ser utilizado. Como ya hemos dicho, finalmente fue el utilizado y, en su caso, si no era este el procedente, es la jurisdicción contencioso-administrativa la que debe resolver".

Añade que "sin embargo, una vez utilizado el procedimiento previsto en el art. 120 LCSP, sí deben ser respetados los escasos trámites que prevé, que no tienen otra finalidad que evitar la arbitrariedad en la adjudicación de contratos por esta vía. Se permite la contratación/adjudicación directa, incluso verbal(art. 37 LCSP), pero el adjudicatario ha de reunir unos mínimos requisitos y el órgano de contratación realizar unos mínimos controles, que impidan, incluso en supuestos de emergencia, otorgar contratos incumpliendo los principios rectores de la contratación pública.

El procedimiento de emergencia no es constitutivo de delito

Sin embargo, la Sala ha confirmado que el procedimiento de emergencia utilizado para la adjudicación del contrato no es constitutivo de delito de prevaricación,ya que no se considera una actuación arbitraria y precisamente en este apartado es donde incide en un comunicado el Consell de Ibiza que destacan este punto y explican que tras analizar el expediente, entiende que el procedimiento judicial debe continuar "únicamente para esclarecer parte de la documentación posterior a la adjudicación del contrato" y en el análisis de las pruebas aportadas por las coacciones denunciadas, estimando parcialmente los recursos del PSOE y de la interventora.

Denuncia de acoso de la que fuera interventora, sigue adelante

Respecto a las denuncias de acoso y coacciones presentadas por la interventora, la Sala considera que existen más pruebas y no solo la declaración de la denunciante, como informes médicos y mensajes, que deben ser valorados, por lo que también ordena la continuación del procedimiento en este punto.