Denuncian al Consell de Mallorca por sancionar a una funcionaria recabando pruebas "de forma delictiva"

Palma

Denuncian al Consell de Mallorca por sancionar a una funcionaria recabando pruebas de forma delictiva. Una funcionaria interina adscrita al departamento de Medio Ambiente ha presentado una querella por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos contra la directora insular de Función Pública, una secretaria técnica y un cargo de la empresa Quirón. La denunciante sostiene que el Consell de Mallorca le sancionó en base a un expediente que incluía "pruebas obtenidas de forma ilícita".

Según se detalla en la querella, presentada por el abogado Pablo Alonso de Caso, la denunciante se encontraba en situación de pluriempleo prestando servicios para el Consell de Mallorca y para la empresa Quirón. La institución insular propuso sancionar a la querellante por compatibilizar ambos trabajos, alegando que prestaba servicios fuera del Consell durante el horario laboral.

La querella sostiene que la propuesta de sanción fue arbitraria "a sabiendas de su injusticia" porque existen otros empleados de la institución insular que alternan otros trabajos. La funcionaria señala que el expediente sancionador que le impusieron "responde a una represalia y fue fruto de la animadversión". Lo achaca a una venganza tras presentar una denuncia por un incumplimiento de contrato contra la jefa de departamento.

La querella defiende que la empresa Quirón solicitó "sin conocimiento y consentimiento" de la denunciante información y documentación personal sobre sus circunstancias laborales en la administración pública. Además, apunta que el Consell de Mallorca, para sustentar el expediente disciplinario, recabó los informes de vida laboral de la mujer a través de la Seguridad Social "sin su conocimiento y consentimiento".

Argumenta la querella que el informe de vida laboral fue obtenido de manera ilícita y que se trata de un documento "privado" protegido por la ley de Protección de Datos "que necesita para ser obtenido el consentimiento expreso de la persona trabajadora". La querellante afirma que padece un trastorno depresivo desde hace un año y medio provocado por su situación laboral.