Entidades ecologistas avalan el compromiso de la pesca balear contra la captura ilegal

Palma

Entidades ecologistas respaldan el rigor del sector pesquero balear ante lacras como la captura ilegal. Según un estudio de Oceana, durante 2024 se produjeron un total de 43 apagados, lo que se conoce como "gap", realizados por un total de 22 barcos que faenaban en aguas de Baleares. Es decir, un apagado por cada ocho días y medio.

No tendría que haber ningún "gap", cuentan en la entidad, ya que el barco deja de revelar su posición en el mar y eso, además de resultar un peligro en la navegación, da pie a prácticas como la pesca ilegal. Jorge Blanco, analista de Europa en Oceana, señala que el archipiélago no es un foco de problemas en este sentido y elogia el compromiso del sector pesquero.

Una situación que nada tiene que ver con otras zonas del país. La costa gallega, la cornisa cantábrica o el estrecho de Gibraltar registran la mayoría de casos de apagado de luces en buques, lo cual abre la puerta a la pesca ilegal. Puntualizan que en el Mediterráneo las distancias son más cortas, mientras que en el Atlántico es habitual que se recorran muchos más kilómetros en alta mar para faenar.

Los pescadores baleares, por su parte, defienden su buen hacer y señalan que se debe a que el sector es más reducido y a que están mucho más concienciados con la supervivencia del medio en el que trabajan. El presidente de la Federación de Cofradías, Domingo Bonnín, señala, además, que los barcos entran y salen cada día de puerto precisamente por esas cortas distancias, así que si alguien tiene la tentación de pescar de manera ilegal, sabe que se le puede pillar fácilmente.

Otro detalle importante del estudio de Oceana es que de esos 22 barcos que apagaron sus luces en aguas de Baleares, solo cinco tienen su puerto base en las Islas. Es decir, 17 de ellos proceden de otra zona. En este sentido, tanto Blanco como Bonnín critican que la mala praxis de algunos la terminan pagando todos.

El sector pesquero de las Islas se suma este lunes al paro nacional en protesta por los controles de la nueva regulación europea, que exige el preaviso de llegada a puerto con cuatro horas de antelación y también una estimación del total de capturas con un margen de error de veinte kilos, con posibilidad de multa de hasta 3.000 euros si no se cumple.