Caso 'la vida islados': 10 días para pedir juicio contra el presidente del Consell de Ibiza o solicitar el archivo

Ibiza

El caso 'la vida islados', que puede sentar en el banquillo de los acusados al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, se ha retomado en el Tribunal de Instancia Sección de Instrucción 4 de la isla.

Después de que la Audiencia Provincial decretara la reapertura de la causa, se ha decretado un auto de procedimiento abreviado y se dan 10 días a todas las partes personadas para que presenten escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que se consideren indispensables para formular la acusación.

Tres delitos

En la parte dispositiva del auto al que ha tenido acceso Radio Ibiza, se apunta que debe iniciarse la siguiente fase procesal (fase de enjuiciamiento) y que " después de lo acordado por la superioridad no puede descartarse en estos momentos que los hechos investigados puedan ser constitutivos de los delitos contra la Administración Pública o de lesiones psicológicas y coacciones, que pueden comportar penas que no superan los 9 años de prisión".

Asimismo, se destaca que procede dar por concluida la instrucción de las diligencias previas.

Veracidad probable

Lo que se debe dilucidar es por una parte, según se apunta en los antecedentes de hecho, si en la contratación de un video promocional por parte del Consell durante la pandemia de covid se cometieron irregularidades con trascendencia penal. Y en el auto se apunta que "persisten las dudas sobre si la oferta de la empresa Fuera de escena SL era la más económica o no y tampoco se ha acreditado si tenía la necesaria solvencia técnica y económica".

También si el presidente insular coaccionó o presionó a la entonces viceinterventora de la institución, Marian Tur, por sus discrepancias con los presupuestos del año 2020 y con la tramitación de dicha campaña promocional que costó 250.000 euros , condicionando su promoción a Interventora para que se plegara a sus deseos.

Y aquí se resalta que "deben valorarse en la fase de enjuiciamiento ya que hay versiones contradictorias entre las partes que deben analizarse, junto con las versiones de los testigos,informes médicos, conversaciones y mensajes intercambiados entre ellos".

En el auto se especifica que en la fase actual "que no aparezca claramente descartada la existencia de infracción penal para que el proceso deba continuar".

Ahora la Fiscalía, que no recurrió el auto de archivo, las acusaciones particulares y la defensa de Marí tendrán que presentar dichos escritos. Al menos una de las acusaciones que representa a la Interventora ya ha anunciado que pedirá sentar en el banquillo de los acusados al presidente insular por cuatro delitos, prevaricación, tráfico de influencias, coacciones y lesiones,

Falta por conocer si la otra acusación particular que ejerce el Partido Socialista, pedirá también la apertura de juicio contra Marí.

Críticas de Izquierda Unida-Podemos

Desde el grupo de Izquierda Unida-Podemos en el Consell, lamentan que el presidente "presente el caso como un montaje político" e insisten en que la adjudicación fue "éticamente inaceptable" y alertan "de la gravedad de la denuncia de coacciones presentada por la interventora del Consell".

Han lamentado que el presidente del Consell "continúe manteniendo el relato, según el cual toda esta causa no tiene ninguna base y responde únicamente a una persecución política o a un supuesto montaje.

Recuerdan que la Audiencia Provincial consideró que existen indicios objetivos suficientes para impedir el archivo de la causa y para que los hechos sigan siendo investigados. Por tanto, dicen desde Izquierda-Unida Podemos, que "no estamos ante una denuncia vacía ni ante una persecución política, sino ante unos hechos que la justicia considera suficientemente relevantes para continuar el procedimiento".

Añaden que "sea legal o no —cuestión que deberá dirimirse en sede judicial—, el uso de un procedimiento de emergencia concebido para otros fines para adjudicar una campaña de promoción turística, de utilidad altamente cuestionable, la omisión de trámites esenciales y el hecho de favorecer una empresa vinculada a una ex concejal del Partido Popular. Ejecutar la campaña por sí misma, hace aún más evidente la grave crítica política y ética que merece esta adjudicación".

También señalan que, "aunque el uso del procedimiento de emergencia haya quedado fuera del futuro juicio oral, la Audiencia Provincial no ha avalado en ningún caso su aplicación, sino que ha indicado que su legalidad o no debería determinarse en el ámbito del procedimiento contencioso administrativo". Por tanto, según Izquierda Unida-Podemos, "es necesario que el equipo de gobierno deje de confundir a la ciudadanía en relación con este punto: el hecho de que no se considere prevaricación no implica necesariamente que el procedimiento fuera correcto ni que la Audiencia Provincial lo avale".

Sobre la denuncia presentada por la interventora de la institución por presuntas coacciones, recuerdan que "el papel de la interventora como responsable del control y fiscalización de los recursos públicos no puede ser atacado ni ponerse en cuestión. Su ejercicio profesional es fundamental para garantizar la transparencia y la correcta gestión de las contrataciones públicas y debe ser respetado en todo momento. Cualquier intento de erosionar estos mecanismos de control constituye un ataque directo a la legalidad y la transparencia de la institución".