Delegado del Gobierno en Baleares: "No habrá efecto llamada con la nueva regularización de inmigrantes"

Ibiza

Más de 10.800 inmigrantes esperan en Baleares regularizar su situación en nuestro país. Son los que se han acogido a la última reforma, ahora ese número se verá ampliado tras la aprobación en el Consejo de ministros que rebaja el requisito de estancia en España y lo sitúa en 5 meses, el anterior era de dos años.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha explicado que, de momento, son los expedientes abiertos hoy en Extranjería por razones de arraigo sociolaboral y que requieren dos años de residencia. Rodríguez ha respondido a las críticas del Govern balear, que ya ha rechazado esta regularización que califican de “masiva e indiscriminada”. Dicen en el PP que colapsará los servicios públicos y le delegado de Gobierno recuerda que son personas que ya residen en las islas.

El delegado del Gobierno niega que se vaya a producir un efecto llamada, como sostienen la derecha y la ultraderecha y recuerda que hay una serie de requisitos que se deben cumplir para poder acogerse a la regularización.

Los inmigrantes que quieran regularizar su situación deben acreditar al menos 5 meses de residencia en España antes de diciembre de 2025. Se trata de una iniciativa legislativa popular que cuenta con el respaldo de más de 700.000 firmas recogidas entre la población.

Críticas del Govern: "Tener papeles no significa integrarse"

El Govern ha manifestado su rechazo a la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el gobierno central. El director general de Inmigración y Cooperación, Manuel Pavón, ha criticado la medida impulsada por el Ejecutivo central al considerar que no es una solución humanitaria y que es una decisión que se ha tomado de forma unilateral sin tener en cuenta a las comunidades autónomas.

Pavón ha señalado que no dispone de información sobre las personas que en Baleares se verán afectadas por la medida, pero ha señalado que en los últimos cinco años han llegado a las islas alrededor de 20.000 personas de forma irregular por vía marítima. El director general ha insistido en que el hecho de otorgar papeles no implica que estas personas se vayan a integrar.

Pavón ha censurado que sean las comunidades autónomas y las entidades locales los que tengan que asumir el coste de la regularización, a efectos de sobrecarga de los sistemas públicos. Por eso, ha exigido al Gobierno responsabilidad y la aplicación de una política migratoria clara.

El director general ha calificado la medida de improvisada y ha lamentado que pase por delante de personas que han cumplido todos los requisitos para obtener la residencia legal en España.

Podemos tilda al Govern de "racista"

La coordinadora de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, ha criticado el rechazo de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno central y le ha recriminado su "racismo".

Muñoz ha subrayado que Baleares no atraviesa una crisis migratoria, como afirma Prohens, sino de vivienda y modelo económico y que los inmigrantes llevan años viviendo y trabajando en las islas, contribuyendo a la economía y no son quienes generan presión sobre el acceso a la vivienda.

También ha criticado que la presidenta aluda a los migrantes como "ilegales" y ha asegurado que la regularización reduce la economía sumergida y la dependencia de mafias, además de permitir denunciar abusos. La dirigente de Podemos ha denunciado el lenguaje de exclusión en discursos políticos como el de Prohens y ha remarcado que a mayoría de personas migrantes ya contribuyen y sostienen el modelo económico balear.