El delegado del Gobierno pide al PP que apoye el escudo social para proteger a más de 24.000 familias en Baleares
También respalda la regularización de migrantes y acusa al Govern de usar la inmigración para la confrontación política
Palma
El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha pedido al Partido Popular que apoye en el Congreso el real decreto del escudo social aprobado por el Ejecutivo central, porque asegura que es clave para proteger a miles de familias ante la renovación de sus contratos de alquiler a lo largo de este año.
Rodríguez advierte de que, según datos del ministerio de Consumo, más de 24.000 contratos deberán revisarse este año en las Islas y podrían experimentar subidas inasumibles, dice, con incrementos que, asegura, pueden pasar de 700 a 1.500 euros mensuales. Por eso defiende la prórroga de la suspensión de desahucios, porque evitaría situaciones de emergencia habitacional en familias vulnerables.
El delegado subraya además que el alquiler ha aumentado alrededor de un 27 por ciento en los dos últimos años en Baleares y acusa al Govern de no aplicar la ley estatal de vivienda ni declarar zonas tensionadas que permitan limitar los precios. También recuerda que el decreto incluye la prórroga del bono social energético y la garantía de suministros básicos para personas vulnerables.
Migrantes
En materia migratoria, el delegado del Gobierno en Baleares ha defendido el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Ejecutivo central y ha acusado al Govern de Marga Prohens de confundir a la ciudadanía al afirmar que en las Islas no cabe nadie más.
Alfonso Rodríguez ha respondido en tono irónico a la presidenta Marga Prohens, que este martes en el Parlament, había mencionado al artista Bad Bunny. Recuerda que miles de migrantes ya conviven con nosotros en el archipiélago y ha insistido en que la prioridad política debe centrarse en vivienda, empleo y derechos sociales.
Señala que la medida no busca atraer nuevos flujos, sino otorgar derechos laborales y de residencia a personas que ya viven en España, para evitar su explotación y su permanencia en la economía sumergida. Recuerda además que procesos similares ya se aprobaron en años anteriores, incluso durante mandatos del Partido Popular.
Según Rodríguez, se está utilizando la migración como elemento de confrontación política para desviar la atención de los problemas reales de Baleares, como la falta de vivienda.
