El Gobierno de Formentera retira el recurso contra Puertos por la reordenación de la Savina
Un informe jurídico señala que el procedimiento tenía pocas posibilidades de ser aceptado
Puerto de La Savina (APB)
Ibiza
El Consell de Formentera retira el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso-administrativa en relación con el acuerdo adoptado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) el pasado 6 de mayo de 2025, relativo a los pliegos del concurso para la explotación de instalaciones en el puerto de La Savina. Fue un acuerdo adoptado con el aval de todos los grupos políticos de la institución.
Este desestimiento de seguir adelante con el procedimiento responde según el gobierno insular a la necesidad de evaluar con el máximo rigor las posibilidades jurídicas reales del procedimiento, a partir del análisis técnico y jurídico.
El informe jurídico concluye que el recurso presenta una viabilidad jurídica limitada en el marco del procedimiento contencioso-administrativo. En este sentido, el documento señala que el procedimiento se desarrolla en un escenario de riesgo procesal relevante, con expectativas de éxito objetivamente reducidas.
Dice textualmente que no parece viable desde este punto de vista cuestionar la decisión de la APB de reordenar el puerto de La Sabina y de convocar un único concurso para otorgar una única concesión que reordene los espacios de tierra ventajosa en un concurso público que permite la concurrencia de todas aquellas empresas que cumplan las condiciones de solvencia, previamente fijadas en unos Pliegos que, además, establecen un sistema de tarifas máximas vinculantes, que pueden ser mejoradas por los licitadores, no el mercado”.
Ante estas conclusiones, el equipo de gobierno señala que esta decisión está basada en criterios de prudencia jurídica, responsabilidad institucional y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
El presidente del Consell, Óscar Portas, ha señalado que "gobernar también implica tomar decisiones responsables cuando los escenarios jurídicos no ofrecen garantías razonables de éxito". Afirma que "no podemos comprometer recursos públicos en procedimientos con una viabilidad limitada".
