PSOE y Unidas Podemos denuncian ante el Defensor del Pueblo la retirada de la tarjeta de transporte a más de 3.000 inmigrantes en Ibiza
Los grupos progresistas dicen que la medida adoptada por el Consell Insular supone "una retricción injustificada"
Imagen de un autobús de Ibiza / Consell de Ibiza
Ibiza
Los grupos progresistas del Consell de Ibiza, PSOE y Unidas Podemos han presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo tras la la decisión del gobierno insular de retirar la tarjeta de transporte público a más de 3.000 inmigrantes en la isla.
El escrito ante la Oficina del Defensor se hace en contra de la instrucción aprobada por la institución insular el 2 de diciembre de 2025 mediante la cual se exige el DNI o NIE como requisito indispensable para acceder a los abonos y tarjetas del transporte público insular.
La medida deja fuera del transporte público bonificado a más de 3.000 inmigrantes residentes en nuestra isla. Según ha anunciado la portavoz socialista, Elena López Bonet, y el portavoz de Izquierda Unida-Podem, Òscar Rodríguez, junto con el conseller Víctor Torres, la medida supone "una restricción injustificada".
Consideran que la exigencia exclusiva de DNI o NIE puede vulnerar el principio de igualdad y generará una situación de discriminación.
Hasta la entrada en vigor de esta instrucción, el acceso a la tarjeta de transporte estaba vinculado a la acreditación de residencia mediante pasaporte y certificado de empadronamiento, un criterio que, tal y como han remarcado, sigue aplicándose al resto de islas de la Comunidad Autónoma.
En el escrito, PSOE y Izquierda Unida-Podem alertan de que, con la puesta en marcha del nuevo contrato del servicio de transporte público, muchas personas que hasta ahora disponían de un abono "lo perderán automáticamente", y que "el impacto vital y económico para cientos de familias será significativo".
La denuncia pone en duda la justificación oficial de la medida. El Consell Insular ha alegado la prevención de usos indebidos del sistema por parte de turistas, pero el documento presentado ante el Defensor del Pueblo remarca que "no consta acreditación de que el colectivo excluido esté vinculado a la finalidad perseguida". Tampoco existe ningún "informe técnico público que relacione el supuesto fraude detectado con el colectivo de personas empadronadas sin DNI/NIE, ni evaluación de impacto que justifique la medida adoptada".
