Cort comienza a notificar el desalojo a los 206 residentes de la antigua prisión de Palma
Se abre un plazo de cinco días para que los ocupantes presenten alegaciones. Cort tiene que contestar a las alegaciones y se dictará el auto de acuerdo que obligará a desalojar el recinto en un máximo de cuatro días
Palma
El Ayuntamiento de Palma ha comenzado a entregar las notificaciones de desalojo a las 206 personas que en la actualidad residen en la antigua prisión de la ciudad.
Así se ha acordado en una Junta de Gobierno extraordinaria celebrada la tarde de este viernes, dando inicio a un plazo de cinco días que los ocupantes tienen para presentar alegaciones, ha informado Cort en un comunicado.
Una vez resuelto este trámite, en el que el Consistorio tiene la obligación de contestar a las alegaciones, se dictará el auto de acuerdo que obligará a desalojar el recinto en un máximo de cuatro días.
En el caso de que haya residentes que no abandonen de forma voluntaria el inmueble de titularidad municipal, en el que se pretende construir una rotonda, el Ayuntamiento solicitará la correspondiente autorización judicial para ejecutar el desalojo.
Esta mañana también se ha celebrado una Junta Local de Seguridad en la que se ha dado cuenta de los resultados del censo elaborado a lo largo de los últimos días en los que se han establecido controles de acceso a la antigua prisión.
En total se ha contabilizado la presencia de 206 personas. De los primeros análisis, a la espera de cruzar los datos con las bases de la Policía Nacional, se desprende que la mayoría (80%) son hombres y que la media de edad es de 33 años. La mayoría tienen entre 23 y 35 años u no se ha detectado la presencia de menores de edad.
Alrededor del 82% de las personas identificadas son nacionales de Argelia o Marruecos, a quienes siguen un 15% de españoles y un 10% de colombianos. El resto proceden de otros países de América Latina.
Según los anteriores censos elaborados por el Ayuntamiento, el 65% de los residentes se encontraban en situación administrativa irregular, aunque este datos también debe ser cotejado con las fuerzas de seguridad.
Según ha indicado el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, solo estas personas que han sido identificadas podrán acceder los próximos días al recinto.
A estos 206 residentes hay que sumar otras 60 que viven en las viviendas que antiguamente habitaban los funcionarios del recinto penitenciario que no han sido objeto del censo ya que su desalojo se llevará a cabo en una fase separada.
Esto se debe, ha indicado Bonet, a que no existe la misma urgencia dado que en ese recinto no se han producido incendios ni incidentes que pongan en peligro la vida de los ocupantes.
