Entidades sociales denuncian la falta de alternativas para los desalojados de la antigua cárcel de Palma

Palma

Cuatro entidades sociales de Palma denuncian el desalojo de alrededor de 220 personas de la antigua prisión sin contar con una alternativa habitacional. Lo han hecho en una concentración a las puertas de la antigua cárcel con carteles en los que reclamanan una vivienda para todos. El Sindicato del Habitatge de Palma, Arran, la Organización Juvenil Socialista y Menys Turisme Més Vida han hecho público un manifiesto denunciando lo que consideran una criminalización de la pobreza.

Los portavoces de estas entidades han explicado que el edificio, que lleva abandonado 25 años, ha llegado a acoger a más de 400 personas, todas sin hogar y que subsisten de forma precaria. Lamentan que el Ayuntamiento de Palma no haya explicado todavía las alternativas que tiene pensado ofrecer a sus moradores y que intente eludir la responsabilidad que tiene a la hora de atender de forma inmediata a las personas que se quedan en la calle como consecuencia de una actuación municipal. Miquel Durán, presidente del Sindicat del Habitatge de Palma, denuncia que con este tipo de actuaciones se criminaliza a quien menos tiene.

Ponen de ejemplo situaciones tan graves como la ocurrida en Badalona con el desalojo del B9 o de lo ocurrido en Ibiza con Can Rova. Durán lamenta que se quiera desalojar un edificio que, de cualquier forma, está abandonado y pone sobre la mesa las dificultades para acceder a una vivienda digna en las islas. Las entidades reclaman a los partidos que dejen de lado los intereses partidistas y se centren en resolver la grave crisis habitacional que atraviesan las islas.