Unidas Podemos pide paralizar las bajas del padrón municipal y se suma a la petición de dimisión de Lourdes Roca
A su entender, las actuaciones impulsadas por el gobierno municipal "pueden poner en riesgo" el acceso a derechos básicos como la sanidad
Palma
Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma ha registrado una moción para paralizar las bajas del padrón municipal que, según asegura, se están produciendo, y ha reclamado la dimisión de la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, por "mentir a la ciudadanía".
En una nota de prensa este jueves, la formación ha hecho referencia a informaciones develadas por la Cadena SER que apuntan a la apertura de centenares de expedientes domiciliarios, que afectan a personas vulnerables, y que podrían derivan en la baja del padrón municipal.
A su entender, las actuaciones impulsadas por el gobierno municipal "pueden poner en riesgo" el acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales y diferentes trámites administrativos.
Así, Unidas Podemos ha pedido también la dimisión de la regidora, a quien ha acusado de "mentir". "El gobierno municipal no puede utilizar el padrón como una herramienta para expulsar administrativamente a personas vulnerables", ha dicho la regidora morada en Palma, Lucía Muñoz.
La formación ha asegurado que fue el Ayuntamiento el que solicitó a la Cruz Roja el listado de personas sin contacto con la entidad y no al revés.
Muñoz ha advertido que la pérdida del empadronamiento puede tener consecuencias "muy graves". "El padrón es la puerta de entrada a los derechos, quitárselo a las personas más vulnerables es condenarlas a una invisibilidad institucional absoluta", ha lamentado.
Igualmente, ha denunciado públicamente que muchas de las personas afectadas no están recibiendo notificaciones "efectivas" de los expedientes abiertos, precisamente a causa de su situación de sinhogarismo o precariedad, lo que puede generar "situaciones de indefensión administrativa".
Con todo, la moción de Unidas Podemos propone paralizar todos los expedientes de baja que afecten a personas en situación de vulnerabilidad hasta que "se garantice plenamente el derecho a una notificación efectiva y a la defensa administrativa".
